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"CUANDO EN 1999 CONGELARON LOS DEPÓSITOS DE LOS ECUATORIANOS para ayudar a los banqueros, la mayor incautación de bienes privados en la historia del país, rompiendo todo derecho de propiedad, la Constitución, tratados internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no vino a Ecuador".
Son palabras de Rafael Correa Delgado. Las pronunció el 29 de octubre de este año, para justificar su negativa a invitar a la CIDH.
¿Es verdad lo que dice Correa? ¿Es cierto que la CIDH no se preocupó de la crisis bancaria, ni del congelamiento de los depósitos, ni de las consecuencias que tuvo para la democracia ecuatoriana? ¿Es correcto afirmar que la CIDH solo da atención a las opiniones y derechos de los ricos?
Para contestar, dejemos que hable la CIDH, que el 13 de abril del 2000 evaluó en un documento público los acontecimientos que condujeron al congelamiento bancario y al derrocamiento de Jamil Mahuad.
El texto original es muy extenso, por lo que solo reproduzco algunos párrafos, los más destacados.
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La grave crisis económica por la cual atraviesa Ecuador se refleja en los siguientes indicadores. La inflación llegó al 60,7% durante 1999, la más alta del hemisferio, y durante el mes de enero de 2000 llegó al 78,1%, constituyendo la más alta inflación mensual en 32 años. El producto bruto interno se contrajo siete puntos en 1999. La moneda cayó ese año un 67%, la recesión fue del 7,5% y su deuda externa sobrepasa los 13.000 millones de dólares. La tasa de desempleo asciende al 17% y el 62,5% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza.
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El 8 de marzo de 1999, el Gobierno cerró los 39 bancos comerciales del país, durante una semana, debido al deterioro en la crisis financiera. Por temor a una colapso bancario, quienes tenían depositado dinero en los bancos intentaron retirarlo, lo que provocó la decisión del Gobierno de cerrarlos.
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Los bancos más grandes están en Guayaquil y el Gobierno intentó diversas medidas para rescatarlos. El Gobierno gastó casi 1.000 millones de dólares tratando de rescatar a los bancos, una suma que equivale al total de las reservas del país. El tratamiento especial otorgado por el Gobierno al sector bancario provocó severas críticas de los organismos indígenas y campesinos.
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En el término de un año, el valor del dólar ascendió de 7.000 a 29.000 sucres. Los ecuatorianos clamaron contra la abrupta pérdida de su capacidad adquisitiva, la especulación y el encarecimiento de la vida causados por la nueva paridad, contra la corrupción bancaria y los sucesivos fracasos gubernamentales.
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Cuatro millones de ecuatorianos -los indígenas- de una población de 12,5 millones, sobreviven con un salario de 45 dólares al mes, cuando la canasta familiar cuesta cerca de 200 dólares. El salario mínimo vital equivale a cuatro dólares mensuales.
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Para los indígenas, el mensaje del Presidente Mahuad al Congreso estaba plagado de engaños. Sostenían además que la dolarización no beneficiaría al pueblo: "Es falso que esta medida (la dolarización) se oriente a la reactivación del aparato productivo, al contrario, es una medida de beneficio al capital especulativo".
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Según la Policía Nacional, en los días anteriores al 15 de enero de 2000, fecha de la convocatoria, fueron detenidos en Quito 152 ciudadanos en manifestaciones llevadas a cabo los días jueves, viernes y martes (6, 7 y 11 de enero respectivamente). El sábado 15, las protestas se desarrollaron sin la fuerza que inicialmente se había imaginado. Sin embargo, la situación amenazaba con recrudecer. Como consecuencia de la declaración del Estado de emergencia, el Presidente Mahuad dispuso la movilización de alrededor de 30.000 policías y militares en todo el país, como medida de prevención. La Comisión no ha recibido información, excepto la publicada por medio de la prensa, acerca de la situación de las 152 personas que fueron reportadas detenidas. La prensa ecuatoriana informó que de los 152 detenidos por la Policía Nacional, 83 eran menores de edad y 69 mayores. En 48 horas la mayor parte de los menores de edad fueron liberados, aunque 17 de ellos quedaron detenidos acusados de portar explosivos y municiones durante las protestas estudiantiles.
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El Centro Ecuménico de Derechos Humanos (CEDHU), una organización no gubernamental, informó que "desde el lunes 17 de enero los militares han procedido a detener una gran cantidad de indígenas que se dirigían a Quito y en otros momentos los han obligado a bajarse de los buses de transporte público para que no lleguen a la capital [...]".
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El viernes 21 de enero, el Consejo Permanente de la OEA emitió la Resolución 76329, mediante la cual condenó "firmemente el atentado contra el orden democrático legítimamente constituido" al tiempo que respaldó al Gobierno constitucional del Presidente Jamil Mahuad. Manifestó también su "preocupación ante la grave situación política por la que atraviesa Ecuador" y ante las posibles "serias consecuencias derivadas de cualquier intento de desestabilización del sistema democrático en ese país".
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Es claro que el Ministro de Defensa no tiene la función, bajo la órbita de la Constitución, de solicitar la renuncia del Presidente, sino el deber de utilizar las Fuerzas Armadas para preservar el orden y proteger al Presidente.
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El Presidente Mahuad fue separado ilegalmente del cargo por la acción de algunos civiles y funcionarios públicos, especialmente militares, sin que sus propias acciones hayan dado origen a la crisis. Desde luego, lo anterior no puede interpretarse como un juicio de la Comisión sobre la prudencia de las medidas económicas adoptadas por ex-Presidente Mahuad.
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Según cifras oficiales, entre el 9 de enero y el 20 de mayo de 1999, 5.253 personas fueron detenidas. De esta cifra, 1.600 personas fueron detenidas por no portar documentos, aunque esa infracción no figura en la legislación ecuatoriana. Entre enero y abril fueron denunciados en Guayas 40 arrestos arbitrarios de homosexuales que incluyeron castigos y vejámenes.
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Por otro lado, hubo 17 denuncias por tortura a manos de la fuerza pública. Durante los operativos contra la delincuencia, 8 personas murieron a causa de disparos de la Policía, entre ellas dos menores de edad. Adicionalmente, se produjo la muerte, bajo custodia policial, de tres personas en condiciones de extrema crueldad. El 5 de marzo de 1999, Jimmy Contreras fue detenido por militares, acusado de sospecha de robo, y conducido a las celdas de la Policía Judicial. Luego de dos días fue trasladado al Centro de Detención Provisional. El 13 de marzo, debido a una hemorragia, fue llevado al Policlínico de la Penitenciaría; murió después de una hora. La Comisión, sin embargo, no ha recibido una denuncia de parte de ninguna de esas víctimas. En el mes de mayo, siete pobladores del sector urbano de Las Malvinas fueron acribillados en acciones llevadas a cabo por hombres armados y encapuchados. La Comisión tampoco ha recibido denuncias sobre esos muertos. Es evidente que este tipo de actos, llevados a cabo por fuerzas de seguridad, con ocasión de un estado de emergencia, no se ajustan a las "exigencias de la situación" (artículo 27 de la Convención Americana). La vigencia y cumplimiento de la Convención exigen que Ecuador investigue todos y cada uno de los hechos, y eventualmente, sancione a los responsables.
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Nuevamente sectores de la producción y medios de comunicación junto a la Junta Cívica presionaron al Gobierno a decretar otra vez el Estado de Emergencia en dicha provincia, bajo el argumento de que tal medida era la única capaz de reprimir la delincuencia existente por las celebraciones de Navidad y Fin de Año.
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La Comisión es de la opinión que aminorar el malestar social por la situación económica y combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana para que sea procedente su declaración. El Estado tiene y debe contar con otros mecanismos para canalizar el malestar social y combatir la delincuencia que no signifiquen la derogación de garantías esenciales de la población.
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PODEMOS ENTENDER, SIN EMBARGO, EL DISGUSTO DE CORREA CON LA CIDH, que en ese mismo documento estableció algunos principios que de ningún modo podrían agradar al dictador.
Leamos:
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Desde luego, todo ciudadano tiene derecho a exigir la renuncia de las autoridades, aún de aquellas electas por el pueblo, y de hacerlo en la calle. Eso es parte de la libertad de expresión y de asociación.
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La Comisión está consciente de que hay ocasiones en las cuales los Presidentes mismos provocan crisis institucionales (por ejemplo, cuando, sin atribuciones para ello, clausuran el Congreso o avasallan la independencia del Poder Judicial). En esos casos, la restitución del Estado de Derecho puede hacer necesario el reemplazo del Presidente.
En la medida en que ello se haga conforme a los mecanismos previstos en la Constitución respectiva (juicio político, sucesión presidencial en caso de renuncia), tales soluciones son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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