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viernes, 22 de julio de 2011

Ni camino ni pueblo

Miguel Fernández-Díaz
Tomado de Diario de Cuba

Vayamos al grano. El Proyecto Varela (1998) se presentó como "camino para que el pueblo de Cuba transite en la verdad" y proponía someter a referendo cinco "transformaciones necesarias a las leyes" para garantizar los derechos a la libre asociación y expresión, así como a constituir empresas privadas; conceder amnistía a los presos políticos y reformar la Ley Electoral. El camino del pueblo (2011) sigue la disonancia de cambiar las leyes para garantizar derechos humanos, convocar después a Diálogo Nacional y Asamblea Constituyente, y "hacer este camino de transición en la verdad". Solo que, en lugar de referendo, busca "una Comisión Nacional integrada por miembros del gobierno y de la oposición democrática y por otros componentes de la sociedad civil". Así, la disidencia consuma su transición documentaria del referendo popular a la comisión, en sintonía con el juicio del propio Castro sobre el Proyecto Varela: "cosa de comisión" (Biografía a dos voces, Debate, 2006, páginas 207s).

Para colmo, por aquel camino no se transita en la verdad. La verdad es que hasta Han Feizi (ca. 280-233 a.n.e.) y los demás legistas chinos se dieron cuenta de que la ley (fa) venía junto con el poder y fuerza (shi). Los firmantes de El camino del pueblo ignoran esa verdad elemental. No solo consideran que "aparecer juntos respaldando un pliego de propósitos primordiales" define ya "un modelo distinto de liderazgo", sino que ese pliego —contrario a la teoría y práctica de que cambiar radicalmente las leyes presupone cambiar el Estado— tiene vigor intelectual suficiente para "fundar el proyecto de nación sobre su pluralidad de origen".

Esta propuesta de transición es ya solo racionalización delirante de la creencia religiosa en la transfiguración, aplicada al Estado totalitario castrista. Tras velarse con el misterio de lo incumplido el ademán práctico (2009) de Cien mil firmas por la propiedad, El camino del pueblo sale ahora como "acuerdo entre responsables políticos y cívicos con visibilidad pública [para] extenderlo en igualdad de condiciones a todos los responsables cívicos y políticos que, por las razones que sean, no tuvieron la oportunidad de respaldar el texto en sus inicios".

Nadie se llame a engaño con esta silueta intelectual: un grupo de disidentes, tan visibles para la prensa extranjera como invisibles en sus circunscripciones electorales, han limado por ahora sus asperezas —que llegaron al colmo con el escándalo de la Agenda para la Transición Cubana — y pasaron la mano al Proyecto Varela para sacar otro documento que propicia dar otra vuelta más en el redil de la petición de firmas. De ahí pa'l cielo: "crear algo así como una mesa de confianza [y] construir o fortalecer caminos hacia el pueblo y caminos desde el pueblo".

Jamás la simple lectura de un documento ha concitado en Cuba movilización alguna y mucho menos puede esperarse que gente de la nomenclatura castrista se anime a sentarse a la mesa. Ya nadie se acuerda de que Castro, en medio de la recesión denominada "período especial" y del recrudecimiento del bloqueo por la Ley Torricelli (1992), se atrevió a cambiar la Ley Electoral de 1982 y suprimió la elección indirecta (por los delegados de las asambleas municipales) de los diputados a la Asamblea Nacional para que dieran la cara en elección directa por "el pueblo". Al año siguiente, Cuba tocó fondo en lo económico y nadie capitalizó la contrarrevolución electoral acompañante. Nada más que en Ciudad de La Habana, la línea dura anti-castrista pasó del cuarto de millón: 10 veces el número de firmantes del Proyecto Varela en sus dos tandas. Entre los 1.639.621 electores habaneros, 1.7% no fue a votar, 10.1% anuló y 4.3% dejó en blanco la boleta (Tribuna de La Habana, febrero 28 de 2003).

Al poder suele irse por las urnas o las balas. A este último respecto Castro tomó ya muchas precauciones. Ni siquiera sus propios soldados pueden dispararlas, salvo en prácticas o servicio de guardia en las unidades militares. Nada puede esperarse del exilio beligerante: hasta Posada Carriles se echó pa´trás con los bombazos (1997) en La Habana. Así que sólo quedan las urnas, pero por ellas no pasan los "caminos hacia el pueblo y caminos desde el pueblo" que medio centenar de "responsables políticos y cívicos" dicen abrir o mejorar con un documento tras otro para recolectar firmas en vez de votos.

De este modo la disidencia va tornándose cada día más libresca, que vale tanto como anularse políticamente.

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