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miércoles, 13 de julio de 2022

Pilares de apoyo de la dictadura totalitaria: Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida y Jueces y Fiscales

Del libro en preparación CUBA-RESISTENCIA NOVIOLENTA

Mario J. Viera

 


Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida y Jueces y Fiscales. Todo este conjunto constituye uno de los más poderosos pilares de apoyo con los que cuenta la dictadura del PCC para la implementación de sus medidas represivas (Fuente del Poder Sanciones). Todos requieren un tratamiento diferente. No se trata de infiltrarlos, sino de anular su actuación perniciosa.

Hay que tener presente que ante un acto de protesta noviolenta, el régimen movilizará, para contener la protesta, a las tropas especiales del Ministerio del Interior, conjuntamente con destacamentos de la policía y, como elementos fundamentales, las fuerzas de la Seguridad del Estado y las brigadas de respuesta rápida.

La Seguridad del Estado es la verdadera guardia pretoriana del régimen del PCC, como calificara, el periodista, novelista, y ensayista, Manuel Vázquez Montalbán, a la policía secreta del régimen de Francisco Franco. Son la representación exacta de lo que Hannah Arendt identifica como “banalidad del mal”. Es el primer cuerpo represivo movilizado por el gobierno para ejercer su rol de policía política ante el mínimo atisbo de protestas públicas. Tal como fuera la Gestapo o la KGB, o la Stasi alemana, sus oficiales no visten uniforme, y forman un cuerpo extremadamente bien organizado. Su principal labor incluye la represión política y la de espionaje y vigilancia sistemática, sobre todos los ciudadanos, bajo la noción o concepto del “enemigo interno” y la construcción del imaginario “agente pagado por el imperialismo”, empleando para ello, a informantes dentro de los CDR, y a los denominados “personal de confianza” anónimos para conocer sobre cualquier actividad u opinión contraria al régimen. Como la Securitate de Rumanía, la Dirección de Inteligencia cubana cuenta con una gran red de informantes y colaboradores en todos los niveles del Estado e incluso del Partido.  Ninguno de los oficiales que acosan a los disidentes tienen nombre propio pues actúan bajo seudónimo, esto hace que las denuncias de sus actos solo puedan referirse a un oficial, Jorge o Jesús o Angel.

Para cada grupo opositor o disidente destacado, existe una unidad de oficiales que se encargan de “controlar” sus actividades, empleando para cada uno, determinados métodos diseñados para advertir, amenazar, o simplemente, “conversar”. Con ello se confecciona un perfil psicológico de cada disidente diseñado para encontrarle su punto débil, para, por medio del cual emplear el chantaje.

Estas unidades actúan, sobre un caso o un individuo de interés o activista contestatario, durante un periodo determinado de tiempo, para posteriormente asignarle los casos a otra nueva unidad. El propósito es evitar el “contagio” ideológico con el disidente con el cual se interactúa. El mejor agente para el acoso de un determinado disidente, es el tipo rústico, escaso de imaginación y de un nivel cultural adecuado; pueden actuar como esbirros o como sicarios, y siempre lo harán sin escrúpulos de conciencia.

Aunque en determinados casos, la Seguridad prefiere que sea la policía la que se encargue de los actos sucios, también sus oficiales pueden actuar directamente como esbirros, encargados de aplicar la violencia disuasiva; de detener de manera arbitraria y con violencia a los opositores políticos. No se inhibirán en atacar a manifestantes noviolentos empleando para ello técnicas de artes marciales.

La Seguridad cuenta con sus propias mazmorras donde los detenidos pueden permanecer por largos periodos de tiempo sometidos a un régimen severo de confinamiento y sin que puedan contar con la asistencia legal de un abogado. El propósito es quebrarles y obtener de ellos una “confesión”: para cerrar el caso. Ningún acusado de actos contra la Seguridad del Estado podrá ser declarado inocente por el tribunal que conozca del caso. Los jueces y fiscales también están expuestos a las represalias de la Seguridad del Estado. 

¿Tiene algún punto débil la Seguridad del Estado que pueda ser utilizado por la resistencia? Lo tiene. La Seguridad actúa por medio de informantes; anular sus fuentes de información es el objetivo a alcanzar. La resistencia puede, a su vez construir su propia red de información por medio de Comité de Apoyo Cívico, para identificar, por sus nombres verdaderos y lugares de residencia, a los oficiales de la Seguridad del Estado que repriman a los participantes en las manifestaciones de protesta o acosen y violenten a opositores noviolentos para su divulgación por todos los medios informativos en el exterior, todo como método de hostigamiento noviolento.

Las brigadas de respuesta rápida es otro de los recursos que moviliza la dictadura junto a la Seguridad del Estado y a las fuerzas policiales en el intento de frenar la resistencia, actuando como un supuesto “pueblo indignado” frente a los disidentes y opositores descalificados como “agentes del imperialismo yanqui”. Esta organización de elementos fanatizados y hasta oportunistas inescrupulosos del PCC y de la UJC, sin faltar algún que otro delincuente favorecido, y muy en especial, la participación de viejos “hombres masa”, como muy bien los ha denominado Armando Chaguaceda, “sectores envejecidos, políticamente adoctrinados y leales al discurso oficial” consumidores habituales de las noticias de la prensa oficial. y cuyo “marco de comprensión de la realidad les hace, a priori, desconfiar y rechazar los datos y valores distintos[1]; actúan siempre con el apoyo de la Seguridad del Estado en el acoso a los opositores, empleando métodos matonistas en los detestables “actos de repudio”, y hasta llegan a la agresión física, utilizando estacas y cabillas. En la elaboración de la estrategia para la ejecución de marchas masivas de protesta deberá considerarse el cómo anular y aislar las acciones de estos grupos delincuenciales.

En el caso de los fiscales que promuevan, contra opositores políticos y manifestantes noviolentos, cargos de sedición y peticiones de graves sanciones de prisión; así como los miembros del tribunal que los sancionen, se deberá considerar cuáles métodos de persuasión y de hostigamiento noviolento se aplicará contra ellos. Al igual que lo propuesto para los oficiales de la Seguridad del Estado, sus nombres y direcciones de residencia deberán ser divulgados para conocimiento general.



[1] Armando Chaguaceda. La Ceguera Voluntaria. El Toque, 20 de julio de 2021 

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