¿UN PROYECTO DE TRANSICION? LA GRAN OFERTA DE UN CONSEJO DE TRANSICION

Mario J. Viera

 

Se trata de un proyecto economicista que omite lo más importante: lo político. En una transición de la dictadura a la democracia lo importante es establecer todo el contexto jurídico y social que transforme las estructuras del Estado opresor, no solo las estructuras económicas. Nada se dice en el proyecto presentado sobre el marco legal que debe sustentar a una sociedad democrática. Un marco que debe amparar el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Centrarse únicamente en lo económico hace ver que el único problema de la dictadura son los factores económicos. Bajo sistemas de gobiernos autoritarios o dictatoriales, la economía puede florecer, como fue el caso durante la dictadura de Fulgencio Batista, la tiranía de Pinochet en Chile y el desarrollo económico que se advierte en la China comunista.

 

Nada se dice sobre la actual Constitución. La Constitución vigente debe quedar derogada y en su lugar restablecer la Constitución de 1940, para darle el marco legal y legítimo a todo el proceso transicional. Si se entendiera luego que la Constitución del 40 requiere reformas, estas se deberán hacer por una Convención electa con la participación de todos los factores políticos de la nación y no por un determinado grupo de brillantes intelectuales y especialistas en temas económicos.

 

Las “50 actuaciones urgentes” del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, tal como las proyecta, son acciones propuestas para emprender ahora mismo; para “paliar la situación actual en el país”, como queda expresado en el comunicado publicado. Más que Consejo para la Transición, este organismo o asociación debieras denominarse “Consejo ─ particular o independiente ─ de asesoramiento al actual gobierno”, dirigido a aportar proyectos de reformas, principalmente económicas, que debieran ser acometidas por el actual y presente gobierno de Cuba. Es lo que se evidencia en la súplica planteada en el comunicado del supuesto “Consejo de Transición”: “La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder. A quién tenga el valor de dar el paso Dios y el pueblo se lo premiarán y si no se lo demandarán”. No sé que pinta Dios en este asunto.

 

Antes que emprender cualquier reforma económica, lo primero que hay que hacer ─ si se habla seriamente de una transición hacia la democracia ─ es reformar el Poder Judicial sobre la base de un código legal que emerja de un marco constitucional. Por supuesto que, antes, habría que derrocar a la dictadura y asumir el poder político; sin este elemento primario, todo lo que se proponga son sueños de una noche de verano: ¡Irrealizables!

 

Antes que estar proponiendo “estabilidad de precios”, “equilibrio presupuestario”, “tipos de intereses”, “tipo de cambio de la moneda único y flexible”, o una “Reforma fiscal y tributaria con la creación de figuras como IRPF, IVA e Impuesto de sociedades, como ejes del sistema fiscal” ─ que la gran mayoría del pueblo no tiene ni la menor idea de lo que esto significa ─, temas estos sobre los cuales deberá decidir, en su momento, el Congreso ─ ya sea unicameral o bicameral ─ que sea electo luego del periodo necesario de transición, y no presentarlos para congraciarse con los Estados Unidos y la ultraderecha del Partido Republicano, hay que exigir la disolución e ilegalización del Partido Comunista de Cuba; disolver las denominadas organizaciones de masas ─ organismos de control por parte del PCC ─ de una sola vez, sin buscar su “reducción y extinción progresiva”, ni “modificar su funcionamiento”, como se propone en el enjundioso proyecto transicional.

 

Debe restablecerse la división política del país en sus primigenias seis provincias, puesto que una estructura de 16 provincias representa una carga onerosa en el presupuesto nacional. Debe reformarse el Código Penal vigente. Se debe reestructurar el Ministerio del Interior para transformarle en Ministerio de Gobernación, desmilitarizado. Reorganizar las fuerzas armadas y la reducción de sus filas; suprimir el Servicio Militar Obligatorio.  Hacer una profunda depuración dentro de las instancias de la actual Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado y presentar ante la justicia a todos los mandos y efectivos de las mismas que hayan cometido actos violatorios de los derechos humanos de los ciudadanos. Se deberá depurar a los miembros de los actuales tribunales de justicia, jueces y fiscales. Restablecer la Autonomía Universitaria de acuerdo con la Ley Docente del 8 de enero de 1937. Todos, temas que no se han contemplado en el economicista proyecto “transicional” del mentado “Consejo”.

 

Como hay que quedar bien parado ante la derecha republicana, pues ¡Nada!, hay que pensar en un “Plan especial a la compensación por las expropiaciones del período revolucionario bajo asistencia y colaboración internacional”. Un plan de compensación que debe estar bajo la asistencia y colaboración internacional. De entrada, esto lo tiene que decidir el Congreso en el ejercicio de la soberanía nacional, y se debe decidir en Cuba sin ninguna intromisión internacional. Hay muchos problemas que resolver en Cuba antes que estar prometiendo planes especiales de compensaciones. Eso puede esperar, no resulta prioritario.

 

¿Libertad de empresa? ¡Muy bien, así lo reclama el Consejo para la Transición Democrática en Cuba! Pero sin definir qué se entiende por tal libertad; por supuesto, los consejeros pueden alegar que es obvio, aunque, en realidad, no lo es. La Carta Magna del 40 en su artículo 87 reconoció “la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social”, lo cual es extensivo al concepto de empresa, y, agrega “sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley”; es decir, toda empresa tiene límites a su libertad; tiene que inscribirse formalmente en registros públicos, la obligación de pagar impuestos, la prohibición de causar daños a la salud pública o al medio ecológico y la obligación de respetar lo dispuesto en las leyes sociales y los derechos laborales, como el derecho a salarios justos y equitativos, a los seguros por accidentes laborales, a mantener un ambiente limpio y saludable para los empleados, a la libre sindicalización y al derecho a la huelga. Temas estos que tampoco se toma nota dentro del proyecto de los ilustres consejeros.

 

¡Ah, y los consejeros se preocupan por la deuda externa de Cuba! Plantean: “Compromisos transparentes de pago de la deuda externa para promover un acceso ordenado de Cuba a los mercados internacionales de capitales. Solicitud de asistencia financiera a los organismos cualificados”. Al respecto yo no omitiría de decir algo: ¡Al carajo la deuda externa contraída por el régimen del PCC! Los convenios contraídos con usurpadores de cargos públicos no generan obligaciones. ¿Saldar la deuda externa que se había contraído con la extinta Unión Soviética a favor de Rusia? ¿Con Venezuela? ¿Con China?

 

Para qué extenderme más en los proyectos magistrales de un Consejo para la Transición que no ha alcanzado el poder político en Cuba