Mario J. Viera
Es escabroso criticar las iniciativas de
algunos senadores de Estados Unidos y hasta de algunos miembros republicanos de
la Cámara baja del Congreso. El tema es bien sensible: el régimen dictatorial
del PCC. Ellos, es evidente, están preocupados por los actos violatorios de los
derechos humanos en la isla cautiva. ¿Criticar las iniciativas, de esos
senadores? Quien se atreva hacerlo, puede ser visto, como mínimo, como un
simpatizante del régimen que ellos condenan, como máximo, se le puede catalogar,
hasta de agente de la Seguridad del Estado.
¡Ahí están las propuestas! Mantener a Cuba
en la lista de los países patrocinadores del terrorismo; aplicar la Ley de
Ajuste Cubano a los cubanos recluidos
en centros de detención de Inmigración; y por último las dos
resoluciones en apoyo, una al Movimiento San Isidro, y la segunda, en apoyo a
las Damas de Blanco. Todo muy bien, salvo que el propósito detrás de esta
múltiple labor legislativa es la hipocresía republicana y el empeño de crearle
dificultades a la administración Biden.
En política no
se puede quedar solo en la contemplación del pico del iceberg, hay que
profundizar para ver todo lo que el agua oculta.
Nos sumergimos y
contemplamos una iniciativa legislativa denominada Ley Force; se debe a la muy ilustre congresista republicana María
Elvira Salazar, que no pierde, ni siquiera un minuto, para mantenerse encima
del potro inquieto que es un cargo de representante. El bodrio legislativo busca
forzar a Biden para impedirle revertir la medida de Trump que antes revirtiera
la de Obama de sacar a Cuba de la lista negra. ¡Nada hay de innovador en la tal
Force! Solo es mala copia de la Ley
Helms-Burton, y argumentada con una serie de consideraciones y de verdades, que
hasta pueden ser cuestionadas.
Que Cuba alberga
fugitivos de la justicia estadounidense, no es mentira, pero es una verdad
debatible, puesto que el régimen de La Habana bien pudiera alegar, que Estados
Unidos acogió y protegió a destacados asesinos del depuesto régimen de Fulgencio
Batista, destacándose, el bien conocido por los cubanos de 1958, coronel de la
policía Esteban Ventura Novo, un verdadero asesino serial, y protegió al
terrorista cubano Luis Posada Carriles. ¿Tráfico de médicos y personal médico?
Me pregunto qué tiene que ver esto con el terrorismo, un tema que, solo pudiera
considerarse como trata de personas, tal como esos mismos senadores lo
reconocen al mencionar, “incluida la trata de personas", para
referirse al tráfico de médicos.
Pero hay más,
los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott, fieles partidarios de la
administración Trump, incluyen, entre las causales para la inclusión de Cuba en
la lista de promotores del terrorismo, el contrabando de armas; una referencia
a hechos acaecidos el 10 de julio de 2013 cuando el barco norcoreano Chong Chon Gang, procedente de Cuba con
destino a Corea del Norte, fuera abordado por autoridades del Canal de Panamá, ante
sospechas de tráfico de drogas, pero en la inspección no encontraron drogas. No
obstante, después de dos días de inspección, se descubrió que llevaba
"maquinaria de guerra", dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y
Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis, y 15 motores
de ese tipo" de aeronave, escondidos en contenedores que decían
transportar 250 quintales de azúcar crudo.
Evidentemente, y
claro quedó demostrado, que se trataba de un acto de contrabando de armas,
dirigido a burlar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte para prohibirle
exportar e importar armamento, en respuesta a la prueba nuclear del 12 de
febrero de ese año puesta en práctica por ese país.
Todo este
affaire quedó resuelto, luego del pago de una multa de 693.333 dólares, la
retención de los 35 tripulantes de la embarcación, sometidos a los tribunales
panameños, la absolución primero a los 32 tripulantes y la absolución
posteriormente, el 27 de junio de 2014, del capitán, el primer oficial y el
secretario político de la embarcación, dictada por el juez Carlos Villarreal,
alegando que el hecho "escapaba de la jurisdicción panameña",
Finalmente se decomisó todo el armamento y la carga de azúcar.
El veleidoso
Marco Rubio, declaró al respecto: "La
Administración Trump hizo bien en revertir la decisión del presidente Obama de
remover al régimen cubano como un país patrocinador del terrorismo. Bajo esta
nueva administración, debemos asegurarnos que se mantengan las medidas
significativas para responsabilizar al régimen de Castro y Díaz-Canel. Me
enorgullece trabajar con mis colegas y liderar este esfuerzo en el senado, y le
agradezco a la congresista Salazar por su liderazgo en la Cámara de
Representantes". ¡No faltaba más! Y María Elvira Salazar, nacida, no
en Cuba, sino en la Pequeña Habana se siente eufórica y declara: “Este proyecto de ley le dice a cualquier
administración que no puede quitar a Cuba de la lista hasta que no se porten
bien”.
Esa es la razón
verdadera de la ley Force, y
claramente fue expuesta por el trío de ases republicanos, en carta dirigida a
Joe Biden: "Le escribimos para
informarle de nuestra objeción a cualquier moción o solicitud de
consentimiento con respecto a cualquier legislación que busque enmendar la
política de nuestra nación hacia Cuba. Para apoyar al pueblo de Cuba, debemos
continuar promoviendo la libertad y la democracia en Cuba y responsabilizar
a la dictadura de Castro-Díaz Canel por su atroz historial de derechos humanos,
albergue de fugitivos de la justicia estadounidense, contrabando de armas
militares, tráfico de médicos y personal médico y negar el apoyo económico al
brazo militar de esta brutal dictadura". Por supuesto que esta misiva
se hizo en contra de la iniciativa de 80 congresistas demócratas de enviarle
una carta a Biden donde le solicitaban revertir las políticas de Trump hacia
Cuba. Entre los principales firmantes de esta carta se destacan los representantes
Bobby Rush, de Illinois, Gwen Moore, de Wisconsin, y Barbara Lee, de California;
Rush previamente introdujo un proyecto legislativo destinado a mejorar las
relaciones y mercados de Estados Unidos con Cuba.
Es muy cierto lo
que el senador Marco Rubio expresara en carta dirigida al secretario de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas: "Durante más de seis décadas, el régimen
cubano ha sido hostil con las libertades básicas, los valores democráticos y
los derechos humanos del pueblo cubano”.
El régimen impuesto por el Partido Comunista de Cuba ha sido reiterativo en
esos aspectos; desprecio total por los derechos que, a cada hombre, mujer y
niño, les corresponde. Miles de cubanos, en su propio país, han sufrido
discriminación y cárceles por sus convicciones políticas. El gobierno no se
abre al pueblo, y coarta toda posibilidad de mejoramiento y de superación
humana debido a sus errores en la conducción de la economía, aferrándose a
patrones obsoletos que han mostrado su incapacidad. Toda esta situación trae
como resultado, como bien anota Rubio, que “los
ciudadanos cubanos continúan arriesgando sus vidas y buscan el sueño americano
y la promesa de un mejor futuro en Estados Unidos”.
Atendiendo a
estas consideraciones, Rubio expresa: “Es
imperativo que Estados Unidos se comprometa con la aplicación de la ley federal
de inmigración, que incluye a cubanos actualmente en EEUU elegibles para
obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano".
Y Marco Rubio es
secundado en esta propuesta por la troika de María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart
y Carlos A. Giménez en sendas cartas dirigidas a la administración de Joe
Biden, mediante las cuales solicitan la liberación de "los cientos de
cubanos" en los centros de detención de ICE. Todo parece ser una
iniciativa plausible. Sí, así parece, pero… ¿La Ley de Ajuste Cubano?
¿Será una
reconsideración de Marco Rubio de aquello en que creía y recomendaba el 12 de
enero de 2016? Sí porque en aquella fecha dijo: "Es indignante que se explote la generosidad del pueblo
estadounidense. Es indignante
particularmente cuando los individuos que dicen venir huyendo de la represión
en Cuba y se les permite coger la asistencia federal en base a su
situación, vuelven enseguida al mismo lugar del que afirman estar huyendo.
Las debilidades en nuestra ley actual no sólo permiten el flujo de dinero
de los contribuyentes estadounidenses al régimen comunista de Castro,
sino que socava la causa legítima de aquellos cubanos que están verdaderamente
huyendo de la represión y persecución políticas. Este es un primer paso para
eliminar las lagunas y los incentivos financieros explotados por mucho tiempo,
y al mismo tiempo para proteger a los contribuyentes estadounidenses y
preservar la intención original del Programa de Ajuste Cubano, que
es para dar refugio a los cubanos que huyen verdaderamente de la persecución”.
Por ello, proponía hacer cambios a la Ley de Ajuste Cubano por medio de un
proyecto de ley de su iniciativa al cual denominó, Ley de Oportunidades de Trabajo del Inmigrante Cubano. Pretendiendo
asegurar el “continuar asistiendo a los
que huyen de la persecución política en Cuba mientras se trabaja para
poner fin a los abusos de la generosidad estadounidense. Este
es un primer paso firme, y espero que el Congreso lo apruebe este año".
Su intención
sería secundada por el representante republicano Carlos Curbelo quién
expresaría: “El éxodo masivo de
cubanos y el abuso generalizado de nuestros programas de
asistencia de refugiados son consecuencias directas de la política
imprudente hacia Cuba del presidente Obama. Esta legislación asegurará que
solamente los cubanos perseguidos puedan recibir beneficios de
refugiados, que son designados para aquellos que no pueden regresar a sus
países, y protegerá a los contribuyentes estadounidenses. La generosidad de
Estados Unidos debe ser honrada y apreciada".
El 16 de agosto
de 2016, Marco Rubio ratificó sus puntos de vista con respecto a la Ley de
Ajuste Cubano ante el crecimiento que se produjera de la inmigración cubana,
luego del deshielo en las relaciones bilaterales Estados Unidos-Cuba,
propiciado por Barack Obama. Había que cambiar la ley: “Es muy difícil justificar esto ─ expuso Marco Rubio entonces ─. cuando
llegan, y un año y un día después viajan a Cuba 16 o 18 veces al año”. Las
causas de la emigración, ya lo había declarado, son conocidas por Rubio; y como
expuso al diario DW el politólogo y periodista neoyorkino Herbert C. Arend,
independiente de quien ocupe la presidencia en Estados Unidos continuará
imparable: "…somos prepotentes ─
dijo ─ pero no brutos, y sabemos que ese
flagelo en Cuba durará décadas: varias generaciones crecieron viéndonos como
La Meca, y eso no cambiará aunque Fidel y Raúl mueran, y aunque el próximo
presidente profundice las aperturas de Obama. Seguirán existiendo oleadas de
cubanos hacia acá, la emigración cubana se parecerá más a otras emigraciones,
y eso obligará a que la Ley de Ajuste se ajuste a las nuevas circunstancias,
porque también los norteamericanos somos fieles. Cuba es para nosotros algo especial,
y nadie puede negar que entre nuestras naciones siempre han existido lazos
emotivos que no existen con otros países de la región".
Y realmente
continuó la inmigración de cubanos, ahora menos por mar y mayoritariamente por
tierra, viajando a Ecuador, a Nicaragua y a México, para emprender una
angustiosa marcha hacia la frontera sur de Estados Unidos. Continuó ese éxodo
durante la administración de Trump. De acuerdo con el diario Los Angeles Times,
del 31 de julio de 2019, el número de cubanos que se presentan en la frontera
sur sin permiso previo para ingresar, categorizados como “inadmisibles” por la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha continuado al alza, con más
de 20.000 personas que esperan ingresar este año (2019), aunque Trump los
devolvía hacia México para que pudieran esperar, por meses y hasta por más de
tres años, en campamentos improvisados, para que sus casos pudieran ser
atendidos en un tribunal de inmigración al norte de la frontera. Por cierto, ni
Rubio, ni Díaz-Balart le escribieron cartas a la administración de Trump
reclamando que, a esos cubanos, se les concedieran los beneficios de la Ley de
Ajuste.
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