Mario J. Viera
Cuando un movimiento convoca “a todos los
cubanos que deseen participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a
construir un país moderno, próspero y libre”, entonces todos debemos analizar
las propuestas de esa convocante organización, antes de decidirnos por formar
alianza con la misma
Si nos proponemos aliarnos con una
organización opositora como Somos +, antes debemos dejar bien en específico
nuestras condiciones y nuestras proyecciones. Una convergencia se establece,
siguiendo una línea de coincidencia en objetivos, fundada en los principios que
nos identifica, y dejando de lado lo que nos diferencia. Pero sí, establecer, como primera condición, el
principio de negación al actual gobierno, no reconociéndole legitimidad sino
definiéndole como lo que verdaderamente es: una dictadura sustentada en un
gobierno, dirigido por usurpadores sin la legitimidad que nace de la aprobación
mayoritaria de la población expresada en elecciones libres y secretas y
ajustadas a los principios reconocidos internacionalmente de transparencia y
universalidad.
Tenemos
derecho a compartir nuestras ideas, tenemos derecho a decir lo que pensamos,
tenemos derecho a defender con seriedad y determinación el futuro que queremos.
¡Claro que tenemos esos derechos! Por
tanto no es necesario proclamarlos. Sencillamente deben ejercerse. La redacción
de este primer párrafo de las Bases y Principios de Somos +, suena como si se
estuviera buscando una justificación para “decir lo que pensamos” para
“defender con seriedad y determinación el futuro que queremos”; es como si
estuviéramos pidiendo permiso para el ejercicio de esos derechos.
Somos
+ se funda como un movimiento que convoca a todos los cubanos que deseen
participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a construir un país
moderno, próspero y libre.
Muy bien por “Somos +”, si solo ese es el
objetivo que busca: participar en una
aventura. Pero la lucha política no es una aventura, sino un accionar
consciente y decidido para alcanzar, en primer lugar, el poder político. Sin
ese objetivo primario no se estará hablando de organización política sino, solo
y nada más, de una organización de carácter civilista. Hay que declarar: “Somos
una organización de oposición al régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC)
basada en principios democráticos, y en la tradición republicana de la nación;
que, para alcanzar sus objetivos políticos, se conduce por la vía del accionar noviolento,
y cuyo propósito es la derogación del sistema totalitario y el establecimiento
de un sistema político fundado sobre el estado de derecho, el acatamiento a las
normas de una Constitución de corte liberal y democrática que consagre la
separación de los poderes del Estado y defina claramente una Declaración de
Derechos civiles y ciudadanos.
Es imprescindible hacer una Declaración de
Principios por medio de la cual se exprese el carácter tiránico del actual
gobierno, enumerando todas sus características:
1 Gobierno continuista basado en la
legitimación de una sola organización política con desmedro de la opinión
opositora a la que se demoniza, ultraja, persigue y reprime, usando fuerzas
policiacas y paramilitares; 2 Militarismo como base de sustentación del
régimen; 3 Supresión de los derechos de manifestación, de agrupación pacífica y
de expresión; 4 Control y censura de los medios informativos y rechazo al
ejercicio del periodismo independiente; 5 Control absoluto de la economía por
parte del Estado; 5 Estado policiaco ejercido por medio de la estricta
vigilancia de los cuerpos de Seguridad del Estado y del espionaje sobre toda la
población. 6 Ausencia de las garantías procesales en los casos penales que
niegan de hecho el Debido Proceso y donde el Proceso de Instrucción no se
conduce por la vía judicial sino por “instructores” policiacos. 7 la Soberanía
no es ejercida por el Pueblo, sino que descansa y se ejerce desde el Buró
Político del Comité Central del Partido Comunista.
Ya con estos lineamientos bien definidos
se puede entonces convocar “a todos los cubanos que deseen participar”, no en una aventura sino en la lucha por
el recate de los derechos civiles, económicos y sociales de todos los
ciudadanos y por el establecimiento de la República que se organizará “con
todos y para el bien de todos”, como había deseado que así fuera el Apóstol de
las ideas republicanas, José Martí.
Creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto. Amparados en una nueva constitución que restituya la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; cuya absoluta independencia es la única garantía de una democracia real.
Sí,
es cierto: “creemos que todos los ciudadanos
debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la
nación, mediante el voto directo y secreto”. Está bien ¿Cómo hacemos
efectiva esta creencia? ¿Esperando que el Partido Comunista se decida a
escuchar nuestro consejo y se decida a hacer elecciones mediante el voto
directo y secreto para que podamos elegir al gobierno y a las autoridades
municipales y provinciales? ¿Esperando que los usurpadores del poder en Cuba se
llenen de civilismo y se decidan per se
para entrar en un proceso de transición hacia un estado verdaderamente
democrático?
No
tenemos solo que creer. Tenemos que exigir. Primero: exigir la supresión
inmediata del artículo 5 de la espuria Constitución estalinista vigente en
Cuba. Segundo: Exigir la renuncia del gobierno actual y la formación de un
gobierno provisional de transición política que, en un plazo de 18 meses,
convoque a la formación de partidos políticos y a elecciones para elegir al
nuevo gobierno; pero para ello lo primero es alcanzar el poder político para implementar
todas las transformaciones. Y, Tercero: Exigir que se declare y respete la autonomía
municipal que sí es “la única garantía de una democracia real” unida a la
separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Por
qué ampararse en una “nueva Constitución”? Para redactar una nueva Constitución
se requeriría la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana formada por
todos los factores políticos del país. No se necesita un nuevo texto
constitucional, cuando ya contamos con una Constitución, la de 1940, que no ha
sido derogada de acuerdo con la ley constitucional establecida para la reforma
parcial o total de la Constitución en su Cláusula de Reforma; aunque esta
Constitución no está vigente y suplantada por otra nacida de las entrañas de la
dictadura del PCC.
La
Constitución de 1940 fue el documento fundacional más progresista de toda la
América Latina cuando fue aprobada. Cierto es, debe ajustarse a las nuevas
condiciones políticas y sociales, ser reformada y ser renovada; pero esto
podría ser luego de la toma del poder político y de su puesta en vigencia, y de
acuerdo con lo estipulado en su Cláusula de Reforma.
Proclamar
el restablecimiento de la Constitución de 1940 tiene más fuerza política que
proclamar el establecimiento de una Constitución que ni siquiera ha sido
redactado el texto de su Proyecto ni recibido el consenso de la nación. Y tiene
más fuerza porque, en primer lugar, ello significa retornar a la democracia
republicana anterior al zarpazo del 10 de marzo de 1952[1].
Dicha
constitución debe incluir la premisa insoslayable de garantizar el pleno
disfrute de todos los derechos, plasmados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Así como otros adicionales que como país instauremos.
La
constitución debe convertirse en el instrumento legal y moral más preciado de
la sociedad. Y si algo tiene que ser irreversible e irrevocable en su contenido,
que sean los más altos valores de participación democrática, del respeto a la
soberanía ciudadana y a la diversidad en todas sus manifestaciones, como
garantías eternas para la paz y la fraternidad nacional.
Nadie
puede estar por encima de la ley, ni fuera de su protección.
El
Programa quiere ser tan legalista que ya, sin antes aportar la mínima idea de
como alcanzar el poder político ya está planteando condicionales a considerar para
redactar la nueva Carta Magna. No obstantes, estos enunciados presupuestos están
ya recogidos dentro del canon de la Constitución de 1940.
El
castrismo ha hecho todo lo posible para denigrar y demonizar la Constitución de
1940 declarando que “no era otra cosa que
una Constitución tan burguesa y neo-colonial como las que le precedieron
[…], que era además hipócrita porque
contenía esos pocos preceptos […] que
no eran verdaderamente revolucionarios”.
Hay
un efecto de transferencia de asumir el discurso de la tiranía cada vez que se
propone la formulación de una “nueva” Constitución.
En
cuanto a los Derechos Fundamentales, la Constitución del 40 es de carácter
incluyente, como establece su Artículo 40: La
enumeración de los derechos garantizados en este Título (Derechos
fundamentales) no excluye los demás
que esta Constitución establezca, ni otros
de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo
y de la forma republicana de gobierno.
Creo
de utilidad citar las palabras del Dr. Carbonell Cortina quien siempre fue un
defensor de los principios de la Constitución de 1940:
“Si queremos ponerle fin a la tiranía y
cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación, tenemos que encontrar, después de
Castro, una fórmula de convivencia con
visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la Constitución totalitaria de
1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria,
impuesta sin consentimiento ni debate durante la provisionalidad.
No, la única que tiene
historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y regenerar el país antes
de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna de 1940. Ella fue el
leitmotiv de la lucha contra Batista, y no
ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por la fuerza.
Lo
importante es tener una base constitucional que haya sido legitimada por la
voluntad soberana del pueblo y que permita encauzar armónicamente la transición
a la democracia representativa. Podrá después el Congreso o los delegados electos a una
Asamblea Plebiscitaria reformar o actualizar la Constitución del 40, supliendo
sus deficiencias y podando sus casuísticos excesos”.
En
cuanto a la integración del gobierno provisional de transición debe definirse sus
prerrogativas, pero declarando que la facultad de ejercer la capacidad
legislativa, más allá de aquellas reglamentaciones y disposiciones dirigidas a
asegurar el orden público, la reforma del sistema judicial y la depuración de
los organismos del estado totalitario, no está contemplada en esas
prerrogativas
… son los partidos, aún en los países más desarrollados, los principales protagonistas del necesario debate político constante. En tal sentido creemos en la necesidad de una Ley de Partidos políticos, que instituya el orden y la transparencia desde la creación, las campañas, las finanzas y el papel de los partidos en el ejercicio del poder.
Se requiere una Ley de Partidos o más bien
una Ley o Código Electoral, sin dudas de ninguna clase; pero enunciar esto,
solo constituye parte de un pliego de buenas peticiones; pero ¿a quién dirigir
esta petición? ¿Al gobierno de los Castro?
Esta Ley o Código Electoral ya existe y es
el aprobado en 1943, solo se requiere indagar en la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos para conocer si existe alguna copia del mismo, aunque hay un
libro de la Editorial Lex 1948 que recoge la Ley Nro. 17 de 31 de mayo de 1943.
Solo se requeriría hacerle algunas modificaciones como establecer el derecho
del voto a todos los mayores de 18 años. Además previamente antes de la
convocatoria a elecciones se deberá restructurar el Tribunal Supremo de
Justicia para poder establecer legítimamente al Tribunal Supremo Electoral como
órgano rector del proceso eleccionario. Con esto volvemos al primer punto:
designación de un gobierno provisional de transición quien deberá hacer la
convocatoria electoral luego de confeccionado el Censo Electoral Nacional.
Tengamos en cuenta el Artículo 102 de la
Constitución de 1940 que establecía: “Para
la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto
con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al 2%
del Censo electoral correspondiente, según se trate de partidos nacionales,
provinciales o municipales".
La Constitución de 1940 reconoce la libre
organización de partidos y asociaciones políticas, salvo con una prohibición
expresa: “No podrán, sin embargo,
formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase” (Artículo 102), y
declarando antes, en su Artículo 34, como ilícita “la formación y existencia de
organizaciones políticas contrarias al
régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que
atenten contra la plenitud de la soberanía nacional”.
Con vistas a asegurar estas libertades y
las garantías constitucionales y sociales, una vez restablecida la Constitución
de 1940, el gobierno provisional de transición deberá restablecer el Tribunal
de Garantías Constitucionales y Sociales en concordancia con lo estipulado en
la Ley 7 de 31 de mayo de 1949, tal y como estaba vigente antes del 10 de marzo
de 1952. Pero lo primero, lo fundamental, antes de divagar sobre
constitucionalismo, es derrocar al régimen del PCC y tomar el poder político
No puede existir una verdadera democracia sin la más amplia libertad de expresión para todos los ciudadanos. Esta libertad no puede depender de las ideologías políticas, del credo religioso, de la preferencia sexual, ni de la situación económica.
No es necesario dedicar un acápite
especial para este tema. Basta con enunciarlo dentro de la Declaración de Principios
Un detalle que no podemos pasar por alto y es la declaración que dice que, la
libertad de expresión “no puede depender de las ideologías
políticas, del credo religioso, de la preferencia sexual, ni de la situación
económica”, ¿de qué va a
depender entonces?
Este es un elemento clave en todo programa
de gobierno y deberá argumentarse sólidamente. En primer lugar, deberá declararse
que se reconoce a la propiedad privada en su carácter social (Art. 87 de la
Constitución de 1940) y la no intromisión del Estado en las actividades
productivas y económicas del país y abogar por una economía de mercado que se
fundamente en la libre competencia y la condena del monopolio. La economía de
la Nación no puede ser conducida de acuerdo con principios ideológicos de
cualquier modelo económico.
La lucha en el campo económico debe
aclararse que no es contra la riqueza legal y honestamente obtenida sino contra
la pobreza. Una sociedad donde la pobreza es la característica predominante
conspira contra los principios democráticos y siempre será una sociedad
inestable y propensa a caer en la dictadura.
La economía que necesitamos
debe ser capaz de crear las condiciones para frenar la emigración de los
mejores jóvenes, lo que debilita nuestra fuerza intelectual y contribuye al
peligroso envejecimiento de la población.
Cuba, antes del poder de Castro era un
país eminentemente de inmigrantes. Los niveles económicos y sociales que se
habían alcanzado frenaban la emigración “de los mejores jóvenes”. Cuando se
restablezca una economía próspera, que garantice empleo para todos los que
deseen trabajar no habrá incentivo para emprender la aventura de la emigración.
Cuando se garantice un adecuado Derecho Agrario que establezca que la
adquisición y posesión de la tierra de labor debe ser limitada restrictivamente
a personas y compañías extranjeras, garantizando que la propiedad fundaría corresponda
a propietarios cubanos (Art. 90, Constitución de 1940), se incentivará la libre
producción y comercialización del agro, por lo cual, la economía prosperará y
se reducirán las diferencias entre el campo y la ciudad.
Es necesario establecer
legalmente un salario mínimo, que se calcule teniendo en cuenta el concepto de
salario real, mediante un mecanismo flexible, que permita su constante
adaptación a las variaciones en los precios de los productos y servicios
disponibles en el mercado.
La
Constitución de 1940 establece el procedimiento para establecer el salario
mínimo tanto para el sector industrial, agrícola y de servicios como para las
labores que requieran calificación técnica especializada.
El gobierno castrista ha fallado en su
programa de industrialización del país. Un gobierno democrático deberá
esforzarse por incentivar el capital nacional y por atraer capitales
extranjeros dedicados a la producción industrial bajo el estímulo de las leyes,
la supresión del peculado público, la seguridad pública y la aplicación de una
correcta política impositiva. Sin caer en una política proteccionista se deberá
establecer condiciones para que el capital privado nacional juegue un papel
destacado en la vida económica de la nación.
Se deberá establecer una política
financiera inteligente que conduzca a la valoración de la moneda nacional.
Deberá reorganizarse la banca nacional y
darle funcionalidad al Banco Nacional de Cuba en concordancia con la Ley No.
13, del 23 de diciembre de 1948 teniendo autonomía orgánica, personalidad
jurídica independiente y patrimonio propio; con capacidad para centralizar las
reservas monetarias y regular el crédito; crear y retener medios de pago;
actuar como Agente Financiero y Consejero Económico del Estado; y ejercer en
relación con la banca privada, las funciones que le sean confiadas y actuar
como cámara de compensación.
El Programa de Somos Más, adolece de un
acápite que trate de la Deuda Externa que la República heredará del
incompetente gobierno castrista. Se debe declarar:
Primero. La República de Cuba no reconocerá
a tercer país que se subrogue la deuda contraída por el régimen castrista con
la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas.
Segundo: La República revisará
cuidadosamente las deudas y obligaciones contraídas por el gobierno usurpador a
nombre de Cuba con otros gobiernos para determinar si se deberá asumir tal
deuda, capitalizarla o declararla nula.
La usurpación de poderes no es fuente de
derechos.
La educación debe seguir siendo considerada como lo que es: un derecho humano insoslayable y de máxima prioridad. Pero este proceso debe pensarse de forma universal y con toda la información que la humanidad haya generado al alcance de nuestros estudiantes, sin adoctrinamientos de ningún tipo, sin un sistema de lealtades a mitos ni a hombres. La educación debe ser un vehículo para que cada individuo se libere y crezca material y espiritualmente, por tanto no soporta ataduras ideológicas ni intereses de poder. Nuestra divisa ha de ser: beber de todas las fuentes tomando como base el manantial de nuestra nacionalidad.
Podemos coincidir con el enunciado que de
este tema se presenta. Sin embargo habrá que matizar su contenido, declarando:
Primero que la Educación ha de ser un interés primordial de la República
concebida como inversión básica para garantizar el futuro desarrollo económico
de la Nación y libre de influencias ideológicas de cualquier tipo. Debe
sustentarse en principios científicos. Segundo, la educación que imparta el
Estado tendrá carácter laico, declarando la obligatoriedad y gratuidad de la
misma hasta el Octavo grado de la Enseñanza elemental.
En la Enseñanza preuniversitaria, debió
decirse en el Programa de Somos Más, el restablecimiento del Bachillerato,
tanto de Ciencias como de Letras, con una extensión de cinco años de acuerdo
con la reforma del Dr. Juan J. Remos en 1937, con la adecuada preparación
académica para el ingreso a las carreras universitarias, incorporando en su
currículum el estudio de la Historia de Cuba, de la Sociología, de la
Sicología, y de los principios de la Filosofía. Los locales donde se imparta la
enseñanza preuniversitaria deberán contar con laboratorios de Física, Química y
Ciencias Naturales.
Se deberá dotar a las universidades con
todos los recursos necesarios para formar profesionales debidamente calificados.
Rescate de la calidad de la enseñanza. La
gran mayoría de los maestros de las enseñanzas primaria y secundaria carecen de
la debida preparación pedagógica y didáctica por lo que se deberán restablecer
las Escuelas Normales para Maestros.
Se proclamará en todos los centros
universitarios la Autonomía Universitaria, refrendada en el artículo 53 de la
Constitución de 1940 por la que se garantice a cada universidad la libertad de
tomar dentro de su propia organización y por medio de sus propios
procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración
…la
educación que provea el estado ha de ser laica, y tanto esta como la que
provean instituciones religiosas han de estar permeadas por la absoluta
libertad para enseñar y aprender.
Concepto totalmente
equivocado, aparte de mencionar solo dos proveedores de educación, el estado y
las instituciones religiosa, omitiendo la enseñanza privada laica, desconoce al
Ministerio de Educación como rector de los programas oficiales para cada nivel
de enseñanza, se incurre en el error de reconocer el principio de “la absoluta
libertad para enseñar” que anularía la intención propuesta de una enseñanza “sin
adoctrinamientos de ningún tipo, sin un sistema de lealtades a mitos ni a
hombres”; al mismo tiempo este principio de “sin adoctrinamiento de ningún tipo”
le estaría limitando el derecho de las instituciones religiosas de educación de
incluir en sus currículos de la asignatura de Religión, por cuanto la práctica
de la enseñanza y educación religiosa constituye una forma definida de adoctrinamiento.
Plenamente de acuerdo con esta
declaración: La remuneración de los
maestros y profesores debe estar acorde con la importancia que tiene la
educación en cualquier sociedad. Retribuir dignamente a estos arquitectos del
espíritu, no es solo la garantía de un futuro mejor, es también un deber moral
de la nación.
El acceso a la atención médica, de igual forma que a la educación, constituye un baluarte imprescindible para los cubanos.
Es posible que este término de “baluarte
imprescindible” se ajuste a la segunda acepción que da la Real Academia de “amparo
y defensa”. Políticamente no dice nada, Hay que ser más preciso. La salud
pública debe ser de atención prioritaria del Estado pues contar con una
población saludable y apta permite que cada persona pueda desplegar todas sus
capacidades productivas y participar en el desarrollo social y económico de la Nación.
Los servicios médicos hospitalarios son
cada vez más costosos, y su dispensación gratuita para todos constituye un
poderoso gravamen en el gasto público. Los recursos económicos para mantener un
programa universal sanitario no descienden como el maná del cielo. Los recursos
que maneja el Estado provienen de los contribuyentes, de los impuestos
deducidos de sus ingresos. En los hospitales públicos hay muchos servicios que
se pueden ofrecer gratuitamente; pero otros resultan onerosos; por tanto,
deberá refundarse la Seguridad Social o los seguros sociales, con el concurso
equitativo del Estado, los patronos y los propios trabajadores, que les permita
a las personas de bajos ingresos y a los jubilados, ancianos y niños obtener la
debida atención y servicios facultativos bien sea a bajo costo o cubiertos por
el Seguro Social (At. 60 Constitución de 1940).
El personal médico que labore en
instituciones hospitalarias públicas deberá ser retribuido con un salario
acorde con “su noble y sacrificado
trabajo” y de acuerdo a su nivel de calificación.
De acuerdo con el Artículo 81 de la Constitución
de 1940 sobre este aspecto, establece: “Se
reconoce el mutualismo como principio y práctica sociales. La Ley regulará su
funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de
recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada protección al
profesional”.
Este acápite presentado dentro de un programa político no posee carácter movilizativo. No constituye una demanda a favor de la renovación de la sociedad. Se ha traído a colación solo para debatir el enfoque que el poder totalitario da al tema. Puede suprimirse sin problema alguno.
Nadie debe poseer el monopolio absoluto de los medios que producen y difunden los contenidos informativos. La prensa debe tener un carácter totalmente independiente, de manera que su sentido, beneficio y éxito radique únicamente en la credibilidad de quienes la consumen.
Pienso que nadie consume prensa ya sea
oficialista, ya sea independiente. Salvando esta consideración se puede decir
sí, es importante que el periodismo se ejerza libremente sin censura ni control
gubernamental. El periodismo es el perro guardián de las libertades públicas.
Sin embargo como reclamo debe aparecer en la Declaración de Principios. Si
defendemos la puesta en vigor la Constitución de 1940 ya en ella está definida
claramente la libertad de prensa en su artículo 33.
El sector que produce alimentos en Cuba ha sido históricamente uno de los más desfavorecidos. Las familias campesinas, especialmente en las provincias del oriente del país, exhiben en muchos casos patrones de pobreza alarmantes que jamás se reflejan en los medios. Esta situación obliga a miles de personas a migrar hacia las ciudades, saturando principalmente a la Capital y dejando abandonados muchos pueblitos rurales que antes tenían vida, dinamismo y producción. El problema es complejo y profundo, abarca lo político, lo estructural, la propiedad y muchos otros eslabones de una cadena de fracasos. Pero son dos los parámetros que reflejan con mayor crudeza lo que sucede en nuestros campos, el primero, los casi impagables precios con que se mantienen los escasos productos agrícolas en el mercado, con tendencia constante al aumento, el segundo, el volumen de alimentos que se ve obligado a importar el país cada año.
Somos
+ propone un nuevo modelo que devuelva al campesino el derecho a decidir sobre
su producción, ejerciendo de forma real la propiedad sobre su tierra. Nadie
desde un cómodo buró en la Habana debe indicarles a nuestros agricultores lo
que tienen que sembrar, ni donde, ni en cuanto, lo tienen que vender.
Aunque el Programa de Cuba Más propone un
nuevo modelo, no lo da a conocer y no lo argumenta.
Cuba sigue siendo una sociedad
eminentemente agraria. Un alto por ciento de su fuerza laboral activa se dedica
a las labores agro-ganaderas.
Uno de los problemas más acuciantes dentro
del sector agrario se refiere a la tenencia y explotación de las tierras
agrícolas. Aunque se han alcanzado avances en la aplicación de la tecnología y
la mecanización en el sector esto no ha dado los resultados apetecibles dadas
las relaciones de propiedad que el castrismo ha implantado en el sector
agrario, y al manejo burocrático de la explotación agro-ganadera.
Extensas áreas de suelo agrícolas
presentan degradación. Oficialmente se ha reconocido que más del 40 % del área
agrícola nacional está afectada por erosión, mal drenaje, salinidad, bajo
contenido de materia orgánica y la reducción de la fertilidad.
Se requiere un campesinado libre en una
agricultura libre, donde el campesino decida qué deberá cultivar y donde
comerciar su producción. En la mayoría de las tierras de propiedad privada se
practica una agricultura con métodos rudimentarios que, no obstante,
históricamente alcanza rendimientos superiores a los obtenidos en las tierras
de dominio estatal.
Se deben modificar las relaciones de
propiedad fundaría. Entregando las tierras a aquellos que estén dispuestos a
labrarlas, sustituyendo el sistema de usufructo de la propiedad por la
propiedad efectiva, mediante la compra de esas tierras en plazos y pagos
determinados. Se reconocerá el derecho de los campesinos a unirse en
cooperativas sin pignorar su propiedad a nombre de la cooperativa como persona
jurídica. Todos los campesinos que se vinculen en una cooperativa tendrán
derecho a separarse de la misma sin la pérdida de su propiedad.
Para facilitar que los campesinos puedan
acceder al capital necesario para establecer cultivos, sistemas de irrigación y
maquinaria el Estado refundará un sistema bancario que conceda créditos a los
campesinos a tasas de interés no superiores al 5 % anual para los campesinos
con fincas de hasta cinco caballerías (67 ha)
Se establecerá provincial y municipalmente
el Servicio de Extensión Agrícola
para la divulgación de modernas técnicas de cultivo; de manejo de plagas y
enfermedades de los cultivos y de métodos de conservación y recuperación de los
suelos. Servicio de asesoramiento a los campesinos en mercado y financiamiento.
Deberá desarrollarse un plan extenso de
construcción de carreteras y vías vecinales que comuniquen al campo con los
centros urbanos para la comercialización de su producción.
Fuerzas Armadas
El ejército en Cuba no se limita a una institución armada con la responsabilidad constitucional de proteger al país. Se trata de un pulpo gigante con infinitos tentáculos que interviene y se apodera de prácticamente todo, incluso de nuestras conciencias. No es posible hablar de un recurso o proceso que escape de su control, visible o solapado. De ahí su desmesurada envergadura, dañina por naturaleza de la economía y la libertad.
Un
país pequeño y subdesarrollado necesitaría lo contrario, un
ejército mínimo, moderno, efectivo y muy profesional. Con oficiales bien remunerados
que se formen en la lealtad y el respeto a la constitución, a las leyes y a las
instituciones democráticas. Un ejército que sea garante de la paz del pueblo y
no guarnición personal de unas familias.
Incluso,
nuestra meta debe ser no necesitar ningún ejército y
dedicar esa extraordinaria inversión humana y material a acelerar el desarrollo
del país en esferas más productivas y edificantes.
El Programa se va solo por las
definiciones y sin precisar lo que en realidad propone, pues por una parte reconoce
la existencia de “un ejército mínimo,
moderno, efectivo y muy profesional”, para en párrafo siguiente decir que la “meta
debe ser no necesitar
ningún ejército”.
No hay propuestas concretas con respecto a
las fuerzas armadas. A continuación, adelanto algunas consideraciones que ni
siquiera pasó por la mente de los redactores del proyecto de Cuba+.
Deberá suprimirse el actual
Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus funciones asumidas por el Ministerio de
Defensa, sometido al control civil con el asesoramiento en el terreno militar
de un Estado Mayor Conjunto. Desmilitarización de la sociedad. Se suprimirá el
servicio militar obligatorio. Cuba no requiere de unas fuerzas armadas que
sobrepase la proporción número de efectivos/ciudadanos adecuada para tiempos de
paz, por ello el número de los efectivos de las fuerzas armadas actuales deberá
reducirse al menos en un tercio de su tamaño.
Deberá declararse: La oposición
democrática no es enemiga de las fuerzas armadas. Los militares nada tienen que
temer del movimiento democrático. La oposición democrática considera que el
concurso de la joven oficialidad de las fuerzas armadas será determinante en
las transformaciones que se deberán implementar en las estructuras políticas y
sociales de la Nación.
Los altos oficiales que hayan participado
de forma activa con el régimen castrista y enriquecido al amparo del mismo
serán separados de sus mandos. Contra aquellos militares acusados de
corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito
serán sometidos a los tribunales con todas las garantías procesales.
Las fuerzas armadas serán de carácter
profesional sin participación en la vida política nacional, ajustándose a las
funciones que a las fuerzas armadas le competen en una sociedad democrática:
defensa de las costas y territorios nacionales y protección de la Constitución
de la República.
Disolución de todos los cuerpos
paramilitares.
Participar en el sector de la economía no
es función de las fuerzas armadas.
Somos + considera que la refundación del MININT es imprescindible para lograr un futuro de tranquilidad y confianza. Este ministerio debe acompañar y proteger al pueblo, a todo el pueblo, en su cotidianidad democrática, plural y participativa. Deben desaparecer por completo sus actividades de fantasma represivo que secuestra libertades y amarra las lenguas inconformes.
No se trata solo de “refundar” el MININT,
hay que ir más allá y, sobre todo entender qué es y como actúa un Ministerio
del Interior dentro de una sociedad democrática. Además de “hacer desaparecer
por completo sus actividades de fantasma represivo”, habrá que considerar otras
propuestas.
Desmilitarización de este organismo del
Estado (Antiguo Ministerio de Gobernación) y depuración de todas sus instancias,
con respeto a todos sus funcionarios que hayan actuado con profesionalidad y acatamiento
por los derechos civiles de los ciudadanos. El Ministerio del Interior o
Ministerio de Gobernación quedará sometido al control civil.
Se debe hacer una profunda depuración
dentro del Departamento de la Seguridad del Estado y su restructuración de
acuerdo con los lineamientos que para los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia
rigen en los países democráticos.
Los oficiales de la Seguridad del Estado
que hayan ordenado, dirigido y/o participado en actos de represión contra la
oposición pacífica serán puestos a disposición de Tribunales competentes
garantizándoles un debido proceso con todas las garantías procesales.
El Ministerio del Interior (de
Gobernación) tendrá a su cargo las Direcciones de Naturalización, Extranjería e
Inmigración, la Dirección de Orden Público (Cuerpos de Policía), y la Dirección
de Aduanas.
El Departamento Técnico de Investigaciones
será reorganizado estructural y funcionalmente como Policía Técnica Judicial y
transferido al Ministerio de Justicia.
Organizaciones de Masas
En lugar de hablar de organizaciones de masas es preferible emplear el término de Organizaciones no gubernamentales. Las actuales organizaciones denominadas de masas desaparecerán por su propia dinámica al desaparecer las estructuras totalitarias de la dictadura castrista.
Las organizaciones que surjan
desde la sociedad deben ser el resultado de la voluntad espontánea de sus
miembros para defender sus derechos e intereses, especialmente los sindicatos.
Esta
condición está recogida de manera más precisa en el artículo 37 de la
Constitución de 1940: “Los habitantes de
la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de
desfilar y asociarse para todos los
fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes,
sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público”.
Sobre
los sindicatos la Constitución de 1940 estipula en su artículo 69: “Se reconoce el derecho de sindicación a los
patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su
actividad económico-social. La autoridad competente tendrá un término de
treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o
patronal (…) Las directivas de estas
asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento”.
En
el Artículo 71, la Constitución postula: “Se
reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al
paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos
derechos”. Y en el Artículo 72 establece: “La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los
cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y
no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u
otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución,
adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta
Constitución o en la Ley”.
Sobre
el sindicalismo solo se mencionan los sindicatos como cita para redondear un
breve párrafo (Ver párrafo citado más arriba) En este mismo párrafo se deja la
organización de las organizaciones no gubernamentales “de masas” a la
espontaneidad, a “la voluntad espontánea
de sus miembros”. En política se requiere acción, actuación dirigida a un
propósito objetivo; no cabe la espontaneidad. Hay que estimular, desde ahora mismo, la formación de sindicatos paralelos o independientes dentro de los
centros laborales. No hay que esperar para después el trabajo sindicalista.
Movilizar a los trabajadores para que se organicen en sindicatos que no sean
“correas de transmisión” de las directivas del Partido Comunista y sí
contrapuestos a los sindicatos supuestamente rojos pero que en realidad son
verdaderos sindicatos amarillos; es decir, sindicatos que responden a los
intereses de los empleadores que los crean y los controlan (en este caso el
poder comunista) y no de los trabajadores que representan.
Hay
que denunciar a la Central de Trabajadores de Cuba como organismo rector de los
sindicatos amarillos para el dominio sobre los trabajadores y anular su
espíritu de lucha. El comunismo en cualquiera de sus formas, leninista,
trotskista o castrista es contrario a los intereses de los trabajadores; es el
ejercicio de la dictadura del Partido Comunista sobre los trabajadores a
quienes reducen a la condición de “proletarios”.
Hay que buscar el apoyo de la
intelectualidad, captar a aquellos
intelectuales que desarrollan su trabajo al margen de la oficialidad,
escritores, poetas, pintores… imbuirles de las ideas de una oposición seria, no
burocrática. Hay que entrar a los
predios universitarios y captar apoyos entre el estudiantado. Hay que saber
quiénes se muestran amigos hacia las ideas de la oposición y pactar con los
potenciales aliados. Hay, por otro lado,
que desarraigar lo que queda de plattismo en la conciencia política que
deposita todas sus esperanzas en la ayuda que pueda ofrecer Estados Unidos. Las
castañas están sobre las brasas y no podemos esperar que otros nos saquen las
castañas de la candela.
[1] Es necesario señalar que la Constitución de 1940 surgió en medio
de una violenta coyuntura política creada por el poder de Fulgencio Batista y
Zaldívar. Se había dictado una Ley Electoral en 1939 para elegir el nuevo
gobierno pero de las experiencias acumuladas a partir de la caída del gobierno
de Gerardo Machado, los partidos de la oposición, que conocían que tras la
figura del Presidente Federico Laredo Bru estaba el verdadero poder en manos de
Fulgencio Batista, lanzaron la consigna que prevaleció entonces: “Constituyente primero, Elecciones después”.
En los momentos actuales la consigna pudiera ser: Primero restablecimiento de la Constitución de 1940 y gobierno
provisional de transición y elecciones después.
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