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lunes, 28 de diciembre de 2020

LA HOJA DE RUTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CUBANOS.

 

Proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina. (Segunda parte)

 


Mario J. Viera

 

En la propuesta para la renovación de los compromisos diplomáticos con Cuba, los ponentes consideran que se puede alcanzar una política exitosa siempre que sirvan al interés nacional y adaptar de manera realista las capacidades a los objetivos (“sentido normativo); y contar, además, con suficiente apoyo de las partes interesadas pertinentes para ser sostenibles (sentido político) Teniendo esto presente, el proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), plantea cuatro interrogantes para las cuales intenta responder:

 

• ¿Por qué Cuba debería ser una prioridad cuando tantas otras cuestiones urgentes requieren atención?

• Después de cuatro años de hostilidad estadounidense, ¿Cuba sigue interesada en mejorar las relaciones?

• ¿Qué piensan las principales partes interesadas sobre esta polémica cuestión política interna?

• ¿Cómo puede una nueva política de compromiso superar los obstáculos del apoyo de Cuba al gobierno venezolano y el misterio sin resolver de las lesiones al personal estadounidense que presta servicio en Cuba?

 

Esto, según los ponentes, requiere alcanzar tres imprescindibles etapas, dentro de las cuales se consideran:

1.   Reparación del daño: En los primeros meses de la nueva administración, revertir el daño causado por el uso de la autoridad ejecutiva por parte del presidente Trump para "cancelar" la apertura del presidente Obama.

2.   Tomar la Iniciativa: Identificar e implementar medidas adicionales para avanzar la política de participación a un nuevo nivel utilizando la autoridad ejecutiva del presidente.

3     Terminar el trabajo: Tratar de cambiar las disposiciones legales que han prescrito las sanciones contra Cuba en la ley, limitando la autoridad constitucional del presidente para dirigir la política exterior de estados Unidos.

 

Ante los numerosos problemas, a los que, el gobierno de Biden tendrá que buscarle soluciones, tales como “la pandemia COVID-19, la peor recesión económica desde la década de 1930, y las demandas de justicia racial que se habían demorado durante mucho tiempo”, los ponentes del proyecto se cuestionan, si Cuba, debiera ser una prioridad en la agenda del presidente. “Después de todo ─ aseguran ─, Cuba es un país pequeño que no representa una amenaza real para los Estados Unidos, a pesar de más de medio siglo de antagonismo”. Existen, de acuerdo a los ponentes, “varias buenas razones para que el presidente se mueva rápidamente para volver a comprometerse con Cuba”.

 

La primera de estas “buenas razones” es la crisis en Venezuela, porque, señalan, “guste o no, una solución política a la crisis venezolana requerirá la cooperación internacional entre actores con diferentes intereses, incluyendo Cuba y Estados Unidos”. En segundo lugar, se dice, está previsto que estados Unidos organice la Novena Cumbre de las Américas a finales de 2021, donde la nueva administración de Estados Unidos podrá formular “su enfoque general hacia América Latina, incluida Cuba”. Consideran los ponentes que, si “Estados Unidos detuvo el compromiso; dependerá de los Estados Unidos dar los primeros pasos hacia su restauración”, aprovechando un encuentro de Biden con el nombrado como presidente por el PCC, Miguel Díaz-Canel, en esa Cumbre, para subrayar el interés de Estados Unidos en mejorar las relaciones.

 

En mi opinión este “primer paso” que se le propone dar a Biden, sería un error político y hasta mostraría una posición débil por parte de Estados Unidos. Es cierto que, el denominado “compromiso”, se interrumpió por la política oportunista de Trump hacia Cuba, aunque, reamente, fue el propio gobierno de Cuaba quien creó las condiciones para torpedear las buenas intenciones del presidente Obama. Biden pudiera abrirse a una solución pactada con el gobierno cubano sí, y solo, si el representante de ese gobierno fuera quien diera el primer paso. Por otra parte, si fuera Biden quien diera el primer paso en el acercamiento, el sector ultraderechista del exilio cubano se haría más agresivo hacia la administración demócrata, y se ahondaría más la división que hoy afecta a toda la comunidad cubana de exiliados y emigrantes.

 

En tercer lugar, se declara en el proyecto, “volver a comprometerse con Cuba es relativamente fácil”; esto solo es verdad a medias. Es cierto que Biden, de un plumazo pudiera revertir las sanciones que, por autoridad ejecutiva, Donald Trump le impuso a Cuba. Sin embargo, la situación actual no es la misma que se esperaba alcanzar en 2016. Independiente de las acciones agresivas de la administración Trump, en Cuba, tanto las condiciones económicas como políticas y sociales se abocan a una crisis. El régimen se ha dado a la tarea de reprimir a la disidencia, en especial después de los acontecimientos del pasado 27 de noviembre; en tanto, las diferentes y escuálidas organizaciones opositores al interior de la isla, están entregadas a un inmovilismo político confiando en las quimeras de las organizaciones de ultraderecha del exilio y sus promesas de liberación via las acciones de sanciones económicas.

 

No se puede volver al 2016. Biden no debe hacerle concesiones unilaterales al régimen de la dictadura de un partido colocado por encima del Estado y la sociedad. La política de descongelamiento de las relaciones diplomáticas mutuas, se puede reencaminar a partir se la supresión de las sanciones económicas impuestas por Trump, conjuntamente con el reintegro del personal diplomático estadounidense retirado de la embajada de Estados Unidos, desde septiembre de 2017, como respuesta a las lesiones reportadas a unas dos docenas de ellos, por un supuesto ataque sónico que no ha podido ser identificado claramente.

 

Este tema de las afectaciones sufridas por el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, es considerado, dentro del proyecto, como uno de los dos principales obstáculos para el reinicio del compromiso Cuba-Estados Unidos. Resaltado en negrita, el proyecto plantea, con respecto a este conflicto, lo siguiente: “El presidente no debe permitir que este misterio sin resolver determine nuestra relación con Cuba. Devolver las embajadas de Estados Unidos y Cuba a la plena funcionalidad es un primer paso crítico en una nueva política de compromiso. Propone entonces, cumplir determinados requisitos para que esto se haga de forma segura:

 

• Dotar la embajada poco a poco, con nuevo personal, priorizando la reanudación de los servicios consulares, la ausencia de los cuales ha puesto la mayor carga para la reunificación familiar y el intercambio cultural. • Realizar pruebas de referencia y reevaluaciones periódicas del personal estadounidense estacionado en La Habana para identificar rápidamente cualquier problema nuevo. • Aumentar la seguridad en y alrededor de las residencias diplomáticas de los Estados Unidos. • Continuar los esfuerzos para identificar la causa original de las lesiones, compartiendo toda la información necesaria con los investigadores de la Academia Nacional de Ciencias, reanudando la cooperación con los investigadores cubanos y replicando el protocolo de pruebas canadiense sobre temas estadounidenses para determinar si produce resultados comparables (…) Las precauciones enumeradas anteriormente reducirán la probabilidad de nuevos casos y proporcionarán la capacidad de identificarlos rápidamente si se produce alguno”.

 

El segundo obstáculo, de marcado carácter político, el proyecto lo ve en la crisis en Venezuela y en la implicación del gobierno de Cuba a favor del gobierno de Maduro.  La crisis política, económica y humanitaria en Venezuela ─ señala el proyecto ─ es uno de los temas más urgentes en el hemisferio occidental y el apoyo de Cuba al gobierno de Maduro representa tanto un obstáculo político para el renovar el compromiso como para una oportunidad diplomática”.

 

Según el proyecto, la participación de Cuba tiene importancia capital en la búsqueda de una solución negociada del caso venezolano, “que conduzca a elecciones libres y justas”, y la “política estadounidense debe apoyar los esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo político que conduzca a elecciones libres y justas, en la línea del acuerdo que puso fin a la guerra civil de Nicaragua en 1990”. Se agrega diciendo: “Como partidario clave del gobierno de Maduro, Cuba tendrá una influencia considerable sobre si tal solución es posible. Te guste o no, involucrarse con La Habana es una condición necesaria para llegar a un asentamiento venezolano que funcione”.

 

 

El supuesto de que el régimen cubano sea un partícipe crucial en la solución de la crisis venezolana, más que nada, solo es una expresión de “buenos deseos”. Aunque el proyecto funda sus esperanzas en la participación cubana durante las conversaciones que pusieron fin a la guerra entre Angola y Sudáfrica en la década de 1980, y su participación en los acuerdos de paz en Centroamérica en la década de 1990 y, en asociación con Noruega, al acuerdo de paz colombiano negociado en La Habana en 2016; esto no significa necesariamente que, el régimen del PCC se interesará en conversaciones que puedan producir la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela es un aliado de primera línea de Cuba. Es del todo improbable que Cuba se una en un esfuerzo común con Estados Unidos para “apoyar un esfuerzo de mediación internacional viable encaminado a resolver la crisis venezolana a través de elecciones libres y justas”.

 

Sin embargo, el proyecto se contradice cuando, luego de considerar el papel de Cuba como mediador en Venezuela, concluye diciendo: El volver al compromiso con Cuba no debe condicionarse a los progresos en Venezuela ni al fin del apoyo cubano a Maduro. Volver a comprometerse con Cuba es la política exterior correcta porque sirve a una amplia gama de intereses estadounidenses, a pesar del conflicto venezolano”. No obstante, no abandona del todo sus esperanzas con respecto al régimen de La Habana: “Pero volver a comprometerse ─ confían los ponentes del proyecto ─ creará condiciones más propicias para alistar la cooperación cubana para poner fin a ese conflicto”. Algo así como la comedia de Shakespeare “Sueños de una noche de verano”.

 

 

Pero, ¿realmente Cuba es una cuestión de política exterior de alto perfil, como lo entienden los redactores del proyecto?, “tal vez más de lo que la importancia intrínseca de Cuba dictaría. La apertura del presidente Obama en 2014 a Cuba atrajo la atención y los elogios a nivel mundial como un acontecimiento histórico. Una de las razones del alto perfil de Cuba es la larga historia de crisis”, se afirma en el proyecto; y agrega: “Otra es la diáspora cubano-estadounidense, que se preocupa profundamente por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya sea a favor o en contra. Una acción rápida para volver a comprometerse con Cuba enviará el mensaje de que el presidente tiene la intención de tener una política exterior activa, volver a comprometerse con aliados y adversarios, y reconstruir la estatura estadounidense en el mundo”.

 

Los autores del proyecto se cuestionan diciendo: “¿Es Cuba un socio confiable? ¿Mantendrán los líderes cubanos su parte del trato? La respuesta corta es sí”. ¿Y por qué esta rotunda afirmación?, porque así lo consideran los promotores del proyecto diciendo: “…a lo largo de la administración Trump, los líderes cubanos continuaron insistiendo en que están abiertos a mejorar las relaciones con los Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Sin embargo, para superar las sospechas cubanas, (según el proyecto, como resultado de “la reversión del presidente Trump de los logros hechos durante la apertura de Obama”) una nueva administración estadounidense tendrá que hacer un esfuerzo concertado para reconstruir una medida de confianza, lo que significa tomar los primeros pasos para renovar el proceso. De nuevo la condición de que Estados Unidos dé el primer paso. No, la administración de Biden debe dejar asentado que el proceso de distensión con Cuba, no implica el que Estados Unidos renuncie a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de Cuba tanto civiles como políticos; que Estados Unidos reconoce el derecho de todo cubano a organizarse políticamente y a disentir; que Estados Unidos condena todas las manifestaciones represivas por razones políticas, y los denominados “Actos de Repudio”, lo que no implica intromisión en los asuntos internos de Cuba.

 

Es que, según lo enunciado en el proyecto, Cuba sigue interesada en el compromiso., porque las “condiciones políticas y económicas de Cuba han cambiado desde que el presidente Obama y el presidente Castro anunciaron su intención de normalizar las relaciones, pero los incentivos económicos estructurales que llevaron a Cuba a apoyar la normalización siguen vigentes”. Lo único vigente es que ambas embajadas continúan abiertas y solo existe una cooperación en temas como el narcotráfico. Lo que el régimen de La Habana está interesado es en el relajamiento de las sanciones económica y en el levantamiento del embargo, sin mayores compromisos de su parte; sin intromisión en sus asuntos internos, como es el tema de los derechos humanos. El PCC reclama este punto como cota aparte de cualquier acuerdo, nada de legalización de la oposición, nada de libre expresión que no sea favorable a su poder.

 

¿Cuál es la propuesta del proyecto para que Estados Unidos sea quien dé el primer paso para la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos que la política de Trump ha dificultado? Partiendo del postulado asumido por los redactores del proyecto, que una “nueva política de compromiso implica relativamente poco riesgo político y el potencial de movilizar una amplia variedad de electores en apoyo”, los promotores del proyecto del Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington sobre América Latina, plantean varias recomendaciones que la administración Biden-Harris debieran seguir.  

 

En primer lugar, el proyecto plantea, como cuestión esencial, lo siguiente: En los primeros 100 días, un representante presidencial debe reunirse con miembros comprensivos de la comunidad cubano-estadounidense, pidiendo su apoyo para una nueva política de compromiso y escuchando qué temas son de especial importancia para ellos. Esto dicho, luego de exponer: “Muchos de los líderes de la comunidad cubano-estadounidense que fueron partidarios abiertos de la política del presidente Obama han estado callados ante la reversión de la misma por parte del presidente Trump, no porque ya no apoyen el compromiso, sino porque vieron un espacio limitado para que sus voces marcaran la diferencia”. ¿Muchos? Habría que preguntar, quiénes son esos líderes. ¿Acaso algunos como Max Lesnik de la Alianza Martiana o como la Brigada Antonio Maceo o la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba de Elena Freyre? Todos comprometidos en la defensa del sistema que rige en Cuba. ¿Acaso algunos de los participantes en el encuentro con representantes del gobierno cubano, denominado “La Nación y la Emigración”? Por otra parte, ¿Quiénes son, a juicio de los promotores del proyecto, esos “miembros comprensivos de la comunidad cubano-estadounidense”? Tal vez, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia que ha estado opuesto al embargo, o miembros fundadores de CubaOne Foundation o algún miembro cubano de Engage Cuba.

 

No creo que alguno de ellos sea representativo del conjunto de la comunidad cubana de exiliados y emigrados.

 

El proyecto fundamenta esta propuesta basándose en los resultados de una encuesta realizada en marzo de 2015, cuyos resultados mostraban un apoyo del 51% de los cubano-americanos a la normalización y un 47% se declaraba a favor de levantar el embargo. Un año después del anuncio de Obama, los cubano-americanos apoyaron la normalización (56% a favor, 36% en contra) y el levantamiento del embargo (53% a favor, 31% en contra). Todos estos datos, luego de los cuatro años de propaganda trumpista han dejado de ser confiables. Las organizaciones cubanas del exilio han tendido cada vez más hacia posiciones de extrema derecha y de firme oposición a cualquier política que entiendan como favorable al régimen de La Habana. Entre estas, se destacan el Directorio Democrático Cubano y su apéndice, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que, según sus impulsores, agrupa a organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla.

 

La recomendación a la nueva administración más apropiada debería ser: “En los primeros 100 días, la Oficina del Contador General (GAO) y la United States Agency for International Development (USAID), deberán realizar una auditoria a todas las organizaciones del exilio cubano para ver en qué se invierte el dinero de los contribuyentes que cubre los respectivos grants, y cuyos resultados se hagan públicos”.

 

Otra de las recomendaciones incluidas en la “Hoja de ruta”, plantea lo siguiente: “Al principio, la nueva administración debe consultar con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Consejo Empresarial EE.UU.-Cuba y la Coalición de Agricultura de los Estados Unidos para Cuba para discutir cómo el gobierno de los Estados Unidos puede facilitar la expansión de las relaciones comerciales con Cuba”. Sin embargo, lo principal a tener en cuenta es no hacer concesiones unilaterales al régimen del PCC a cambio de nada. Aunque, conveniente para los Estados Unidos, la administración Biden no debe mostrarse muy generosa en cuanto a facilitar la expansión comercial con Cuba. Esta expansión comercial debe tener en cuenta la situación de los derechos políticos y civiles existentes en Cuba, el respeto a la libre expresión y al disenso.

 

En otro sentido, no puede omitirse la realidad de la economía cubana, tal como lo expresa Richard E. Feinberg, en la monografía titulada “Extender la mano: La nueva economía de Cuba y la respuesta internacional”: “La principal restricción que retrasa a la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos (aunque son realmente duras). En realidad, es el propio modelo económico desactualizado de planificación centralizada que Cuba heredó de la Unión Soviética”. Además, gravitando en la economía cubana está la situación de su deuda externa tal y como demostró un Documento de la Unión Europea sobre la estrategia nacional de Cuba y Programa Nacional Indicativo para el período 2011-2013, citado por Feinberg, los $ 31,6 mil millones de deuda externa cubana en el 2008, Cuba debía mil millones o más a cada uno de sus acreedores: Venezuela ($11.4 mil millones), España ($3.2 mil millones), China ($3.2 mil millones), Japón ($2.8 mil millones), Argentina ($2 mil millones), Francia ($1.9 mil millones), Rumania ($1.2 mil millones), y Rusia postsoviética ($1.1 mil millones).

 

Con el presupuesto de que una sección bipartidista de la comunidad de política exterior y seguridad nacional apoyó la apertura del presidente Obama a Cuba con el argumento de que la vieja política era un remanente ineficaz de la Guerra Fría que estaba dañando las relaciones de Estados Unidos con los aliados, especialmente en América Latina”, el proyecto propone, que: En los primeros 100 días, el presidente debe reunirse con miembros seleccionados del Congreso, incluidos demócratas y republicanos que apoyan el compromiso (por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Cuba en la Cámara), para pedir su apoyo”. Propuesta esta que pasa por alto la realidad política actualmente existente, luego de los cuatro años de los desastres trumpistas, manifestada en una acentuada polarización entre los congresistas republicanos y demócratas que dificulta el avance de cualquier iniciativa presidencial si, finalmente, los demócratas no aseguran la mayoría formal en el Senado. Por otra parte, el denominado Grupo de Trabajo de Cuba en la Cámara, prácticamente ha desaparecido.

 

El Grupo de Trabajo de Cuba (Cuba Working Group) fue una iniciativa bipartidista aparecido en diciembre de 2015, formado por 17 representantes republicanos y 17 demócratas, como un grupo especial de la cámara baja del Congreso en apoyo a un abordaje "más pragmático" para una mejora de las relaciones con Cuba. El 4 de junio de 2019, lo que quedaba del grupo especial, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de aumentar las restricciones a los viajes de los Estados Unidos a Cuba, declaró: “Todo estadounidense debe tener derecho a viajar libremente. La decisión de la Administración de restringir aún más los viajes de Estados Unidos a Cuba no sólo viola ese derecho, sino que socava los esfuerzos para ayudar a promover la democracia y mejorar la vida del pueblo cubano. La fallida política de embargo de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 60 años ha dado lugar al resultado que vemos hoy. Ahora, los miembros del Congreso deben preguntarse si quieren continuar por el mismo camino con respecto a Cuba o trazar un nuevo rumbo a través de la participación.

 

 

(Continuamos)

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