¿Participar en las elecciones municipales de diciembre? Este es el dilema

Mario J. Viera

En un anterior artículo expresé que “Si la oposición se decide por participar en las elecciones de diciembre estará actuando como compañero de viaje de la dictadura y de hecho reconociéndole a la ANC la capacidad de convocatoria” esto de ninguna manera puede ponerse en práctica bajo las actuales condiciones del juego o rejuego político que actualmente se vive en Venezuela. La fraudulenta Asamblea Nacional Constitucional erigida en megapoder convocó a la realización de elecciones municipales para el 10 de diciembre. Impuso además la condición de quienes resultaran electos deberían jurar sus cargos ante su autoridad, algo que de ningún modo puede aceptar la oposición luego de haberle declarado unánimemente de fraudulenta.

Tan pronto se anunció la convocatoria electoral, tanto el Partido Primero Justicia (PJ) de Henrique Capriles como el Voluntad Popular del líder encarcelado Leopoldo López rechazaron participar en lo que será una nueva farsa electoral orquestada por la dictadura al amparo de su Consejo Nacional Electoral (CNE), su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y su ANC. La condición sine qua non planteada para participar en ese proceso electoral es, primero la reforma del CNE tal como lo había propuesto el presidente de Colombia Juan Manuel Santos el 17 de octubre, CNE independiente, y segundo, veedores extranjeros. Jorge Millán, coordinador general de PJ ya había expresado que la situación política es de todo punto de vista “complicada debido a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca con acabar con todos los espacios de participación ciudadana”. En ese juego donde solo hay un ganador a priori, la oposición venezolana no puede prestarse para servir de coartada al régimen. En igual sentido se expresó también Humberto Agudo, dirigente en Lara del partido de tendencia socioliberal Causa Radical, al considerar que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no debía ir a unas elecciones donde prevalezcan las mismas condiciones de las elecciones regionales y aseguró, como lo reportó Unión Radio: “El Consejo Nacional Electoral no ha determinado el cronograma, esa es la primera etapa del fraude (…) La Unidad en su refundación tiene que plantear esta nueva tarea, una agenda clara en relación al cronograma electoral, no podemos volver a un proceso electoral con un Plan Republica parcializado con el régimen”, dijo refiriéndose al operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el supuesto propósito de custodiar el proceso electoral y puesto en marcha por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

Por boca de su presidente Richard Blanco, Alianza Bravo Pueblo (ABP), organización fundada por Antonio Ledesma, actualmente en arresto domiciliario, aunque ratifica la lucha por la democracia, afirma: “No podemos dejarnos llevar por un proceso inconstitucional como lo propone la ilegítima asamblea nacional constituyente. (...) No es tiempo de participar en la candidatura de las municipales, lo primordial es rescatar al pueblo venezolano de esta crisis”. Por supuesto, la organización que encabeza María Corina Machado, Vente Venezuela, se mantiene en su posición de no participación en procesos electorales efectuados “en dictadura”. Gregorio Salazar de Tal cual digital hace observar que: “Ahora la cúpula roja se apresta a acelerar los tiempos de las elecciones de alcaldes y concejos legislativos y ya hay quien le ha declarado la guerra a cualquier intento de participación, lo cual encuentra eco en importantes sectores de la población. Nada menos”. Y, definitivamente, los principales grupos políticos reunidos bajo el manto de la MUD se han decantado por el abstencionismo ante las próximas elecciones, incluyendo tanto a los anteriores citados como los siguientes partidos, Acción Democrática, el socialcristiano Un Nuevo Tiempo y Movimiento Progresista, considerando la mayoría de la MUD que la convocatoria es un proceso amañado y plagado de trampas.

En opinión del cronista de EL NACIONAL, Fernando Ochoa Antich: “Los dilemas siempre han sido los mismos: ¿es posible aceptar competir en unas elecciones sin que se modifiquen las actuales condiciones electorales? ¿Existe algún margen de maniobra para poder negociar este único punto con el régimen madurista? La oposición democrática, a excepción de lo ocurrido en 2005, ha participado multitudinariamente en los procesos electorales, pero siempre con serios cuestionamientos al ventajismo oficial y a las dudas surgidas de los escrutinios”; y el Grupo de Lima reunido en Canadá coincide en que es imprescindible “la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes”.

En ocasiones la democracia también se defiende renunciando al uso de uno de sus recursos básicos como el del ejercicio del voto. Ahora bien, luego de esta decisión mayoritaria de la oposición ¿qué recurso queda? Como ha sugerido Marta de la Vega en. Tal Cual, digital: “Urge una coalición verdaderamente concertada, sin arrogancia ni terca pedantería de algunos jefes de partidos. Se necesitan líderes que piensen más allá de la coyuntura y de las circunstancias inmediatas, que alcen la mirada con una visión a largo plazo”. Decisión que se tiene que emprender decidida y concertadamente, pero lo primero, lo estrictamente político y estratégico ahora es salvar la unidad opositora por encima de cualquier controversia o interés de grupo. Si la MUD se fracciona, Nicolás Maduro y sus colaboradores se habrán anotado la más importante victoria política y lograrán que la presión internacional sobre su régimen se disipe paso a paso y, al mismo tiempo, la oposición ya no tendrá una opción consistente para el reto político unificado y solo se podrá emprender pírricas batallas dispersas e individuales. Como su consecuencia, el gobierno, en alianza con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Consejo Electoral Nacional y la Asamblea Nacional constituyente, ante una oposición dispersa, podrá seguir los pasos del régimen castrista ilegalizando a todo partido político que no se ajuste a la línea de dirección del oficialismo. El castrismo entonces habrá triunfado en Venezuela. Primero consolidar la unidad y luego impulsar la presión popular, la resistencia noviolenta, la desobediencia civil y el empuje de las manifestaciones exigiendo la renovación, la restructuración del CNE, depurándolo de sus elementos más comprometidos con el régimen, principalmente con la democión de su presidenta Tibisay Lucena Ramírez. Movilización en contra de la ANC y a favor de nombrar veedores extranjeros para supervisar la transparencia de todo el proceso.