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viernes, 31 de marzo de 2017

Abuso de Derecho: A propósito de la orden ejecutiva de Donald Trump para desmantelar las políticas ambientales del presidente Obama.

Mario J. Viera



El medio ambiente es una propiedad eminentemente colectiva, propiedad de todos los habitantes del planeta, por tanto, un bien común al cual todos tenemos el derecho de disfrute, uso y conservación. Frente al derecho de la propiedad privada, la propiedad particular, este derecho, de propiedad de todos, es y tiene que ser inconmovible. El derecho a la propiedad privada debe entenderse dentro de los límites de su importancia social, derecho de uso (ius utendi) y disfrute, pero no de abuso (ius abutendi). Nadie tiene derecho en uso de sus derechos de propiedad privada a dañar o limitar el derecho de la propiedad privada de otros. La propiedad privada es sagrada, esto es cierto, y fundamento de las libertades, pero el ejercicio del derecho a la propiedad privada no implica que se posea el derecho a esquilmar los recursos naturales de un país o un territorio en particular y mucho menos a los bienes universales a los cuales todos, como habitantes de este planeta, tenemos el derecho natural de disfrutar, ríos, mares, acuíferos, subsuelo, bosques y aire. Tenemos el derecho a respira aire limpio y sin poluciones y ante este derecho nadie puede alegar el derecho de uso y abuso de su propiedad privada.

La Constitución cubana de 1940 en su artículo 87 reconocía del derecho de la propiedad privada en su concepto de función social, declarando: “El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad pública o interés social establezca la ley”. Si tomamos este concepto de las limitaciones por necesidad pública o interés social de la propiedad privada podemos encuadrar dentro de las mismas las regulaciones encaminadas hacia la protección del medio ambiente.

Existe lo que se denomina abuso de derecho en el caso cuando en el ejercicio del derecho de propiedad se ejecutan acciones cuyos resultados acarrean problemas al vecino o al uso de su propiedad. Esto está contemplado y regulado por el derecho civil. Tomemos como ejemplo lo estipulado al respecto en el artículo 7.2 del Código Civil español de 1889: “La ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención del autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realizase sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. El Código Civil griego de 1941 estableció en su artículo 281: "El ejercicio de un derecho está prohibido si sobrepasa manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o las buenas costumbres o por el fin social o económico de dicho derecho". Por otra parte, el Código Civil húngaro de 1960 plantea en el inciso 2 de su artículo 5, lo siguiente: “El ejercicio de un derecho es abusivo cuando tiende a un fin incompatible con el destino social del derecho y especialmente cuando acarrea daño a la economía nacional y a los ciudadanos, avanza sobre sus derechos e intereses legítimos o procura la adquisición de ventajas indebidas”. Tempranamente en el Código Civil prusiano de 1794, como anota Luis Moisset de Espanés, se estableció que “nadie puede abusar de su propiedad para agraviar o perjudicar a otro".

Todo acto “por las circunstancias en que se realice” con daño a tercero es considerado como abuso de derecho y causa de indemnización, porque nadie puede hacer abuso de su propiedad para causar perjuicios a otros. Cuando las empresas de petróleo y gas, con sus emanaciones de gases perjudiciales y tóxicos contaminan la atmósfera sobrepasando el fin económico de su derecho de propiedad provocando, por negligencia o intención, daños a terceros, es decir a todos nosotros, se requiere adoptar de medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”; por tanto, se requieren regulaciones en el ejercicio de su derecho de propiedad privada con el propósito de limitar su capacidad de adquisición de ventajas indebidas.

En Estados Unidos existe una poderosa corriente de oposición a todo tipo de regulaciones gubernamentales que pongan límites a los intereses del mercado, especialmente impulsada por el partido republicano. No obstantes, son numerosas las regulaciones que se han implantado en diversos renglones que no han suscitado ninguna posición disidente, como es el caso de las regulaciones impuestas para las construcciones de edificaciones o las que regulan el mercado de la industria tabacalera prohibiéndole el empleo de la propaganda comercial e imponiendo gravámenes indirectos al consumo de cigarrillos y cigarros, principalmente dictadas por legisladores republicanos. Del mismo modo en el sector financiero se han establecido regulaciones como es el caso de la Ley Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection (21 de julio de 2010) a la que se le incorporó la denominada Regla Volcker dirigida a minimizar conflictos de interés financieros. En marzo de 2015, el presidente Obama presentó su plan para reducir las emisiones de carbono de las plantas termoeléctricas del país. El denominado Plan de Energía Limpia propuesto por Obama tenía como objetivo reducir para el 2030 las emisiones de carbono en un 32% con respecto a los niveles de 2005, considerando, según expresara, que las estaciones termoeléctricas producían "aproximadamente un tercio" de la contaminación total por carbono del país; este sería, opinó, “el paso más grande y más importante que hemos tomado nunca para combatir el cambio climático”. En defensa de su proyecto Obama afirmó: “Solamente tenemos un hogar, un planeta. No hay un plan B”, una verdad incuestionable. Entre los propósitos perseguidos por el Plan de Energía Limpia se preveía que para el 2025 Estados Unidos reduciría las emisiones de efecto invernadero, no solo las procedentes de las termoeléctricas, entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.

Sin embargo, como reportara el Huffington Post: “Varios (políticos) republicanos, entre ellos algunos precandidatos presidenciales, la industria del carbón y parte de la comunidad empresarial consideran que las nuevas directrices de la EPA para las termoeléctricas destruirán miles de empleos y encarecerán el coste de la energía”. Esta es la respuesta que dieran aquellos que, sin la debida preparación académica, rechazan la realidad del cambio climático como resultado de los gases de efecto invernadero y que defienden intereses puramente egoístas de obtener más ganancias sin consideración por las consecuencias por daños a terceros, en este caso, de todos los habitantes del planeta. No existe plan B.

La filosofía de Donald Trump ─ si alguna en realidad tuviera ─ es la negación del calentamiento global como efecto del cambio climático bajo la acción del hombre. Para él, el calentamiento global es cuento chino; así lo expresó en uno de sus habituales tuits, este del 6 de noviembre de 2012 cuando anotó: “El concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos para atacar la competitividad de la industria estadounidense”. Coincidiendo con los intereses de la industria del carbón y de las petroleras y siguiendo los postulados de los republicanos cambio climáticos detractores, Trump califica las regulaciones planteadas dentro del Plan de Energía Limpia como “regulaciones asesinas de empleos (job-killing regulations)”.
El 28 de marzo firma Trump una Orden Ejecutiva que revoca la de Barack Obama, diciendo muy complacido: “I am taking historic steps to lift restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel job-killing regulations”. ¿Pasos históricos? Siempre presente su grandilocuencia al considerar que todos sus actos deben tener preeminencia histórica, cuando solo lo que hizo fue anteponer intereses particulares a los intereses universales al usufructo de una atmósfera limpia. Se trata, simplemente de un flagrante acto de abuso de derecho, además de ser un acto irreflexivo y sin el debido asesoramiento científico.

En su desesperado acto de revocar lo que ve como “intrusión gubernamental”, Trump no paró en mientes para desconocer la carta firmada por 375 especialistas ambientalista que le remitieron para que considerara que “el cambio climático provocado por los seres humanos no es una creencia, un engaño o una conspiración. Es una realidad física”. En este documento los especialistas daban razones de peso diciendo: “Los combustibles fósiles alimentaron la revolución industrial. Sin embargo, la combustión de petróleo, carbón y gas también causó la mayor parte del aumento histórico en los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero que atrapan el calor. Este aumento de los gases de efecto invernadero está cambiando el clima de la Tierra (...) La ciencia básica de cómo los gases de invernadero atrapan el calor es clara y lo ha sido durante más de un siglo”.

Muy satisfecho con las medidas que acaba de dictar, Trump afirmó sonriente: “Vamos a poner a nuestros mineros a trabajar otra vez”. ¿Hay fundamento en lo que afirma? Revirtiendo con su proclamada “Independencia energética” la prohibición de arrendamiento de carbón en tierras federales estipulada en la orden ejecutiva de Obama del Plan de Energía Limpia, ¿garantizará un aumento en los empleos en las empresas del carbón? Él lo cree así; en cambio, BBC Mundo lo pone en duda reportando: “En 2015, las empresas de carbón emplearon a unos 66.000 mineros, el número más bajo desde que el organismo de estadística del Departamento de Energía de Estados Unidos comenzara a registrar estas cifras en 1978. Los motivos, han apuntado varios expertos, se deben a la creciente mecanización en la industria y al aumento en la producción de gas natural, una alternativa menos costosa y contaminante que el carbón”.

De inmediato ya esta orden presidencial ha originado fuertes críticas por parte de las organizaciones ambientalistas que han prometido someterlas a las cortes. Así lo han asegurado David Doniger del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) Liz Perera, de la organización Sierra Club, quien considera que esta orden presidencial representa “uno de los mayores ataques en contra de las acciones por el medio ambiente que Estados Unidos haya visto jamás”, para a continuación agregar: “Trump está señalando un cambio en la filosofía ampliamente aceptada de que el dióxido de carbono es el enemigo, el principal motor del cambio climático”. Por su parte Doniger consideró que se trata de “un plan de destrucción climática en lugar de un plan de acción”.



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