Sobre las Bases de Somos +

Si nos proponemos hacer alianzas con una organización opositora como Somos +, debemos dejar bien en específico nuestras condiciones y nuestras proyecciones. Una alianza se establece siguiendo una línea de convergencias de objetivos, fundada en los principios que nos identifica y dejando de lado lo que nos diferencia.  Pero sí establecer, como primera condición, que la alianza se debe establecer sobre el principio de negación al actual gobierno, no reconociéndole legitimidad sino definiéndole como lo que verdaderamente es: una dictadura sustentada en un gobierno dirigido por usurpadores sin la legitimidad que nace de la aprobación mayoritaria de la población expresada en elecciones libres y secretas y ajustadas a los principios que se reconocen internacionalmente de transparencia y universalidad.

Tenemos derecho a compartir nuestras ideas, tenemos derecho a decir lo que pensamos, tenemos derecho a defender con seriedad y determinación el futuro que queremos.

¡Claro que tenemos esos derechos! Por tanto no es necesario proclamarlos. Sencillamente deben ejercerse. La redacción de este primer párrafo de las Bases y Principios, suena como si se estuviera buscando una justificación para “decir lo que pensamos” para “defender con seriedad y determinación el futuro que queremos”; es como si estuviéramos pidiendo permiso para el ejercicio de esos derechos.

Somos + se funda como un movimiento que convoca a todos los cubanos que deseen participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a construir un país moderno, próspero y libre.

Muy bien por “Somos +”, si solo ese es el objetivo que busca: participar en una aventura. Pero la lucha política no es una aventura, sino un accionar consciente y decidido para alcanzar, en primer lugar, el poder político. Sin ese objetivo primario no se estará hablando de organización política sino, solo y nada más, de una organización de carácter civilista. Hay que declarar: “Somos una organización de oposición al régimen castrista basada en principios democráticos, y en la tradición republicana de la nación; que para alcanzar sus objetivos políticos se conduce por la vía del accionar pacífico y cuyo propósito es la derogación del sistema totalitario y el establecimiento de un sistema político que se funde sobre el estado de derecho, el acatamiento a las normas de una Constitución de corte liberal y democrática que consagre la separación de los poderes del Estado y defina claramente una Declaración de Derechos civiles y ciudadanos.

Es imprescindible hacer una Declaración de Principios por medio de la cual se exprese el carácter tiránico del actual gobierno, enumerando todas sus características: 1 Gobierno continuista basado en la legitimación de una sola organización política con desmedro de la opinión opositora a la que se demoniza, ultraja, persigue y reprime usando fuerzas policiacas y paramilitares; 2 Militarismo como base de sustentación del régimen; 3 Supresión de los derechos de manifestación, de agrupación pacífica y de expresión; 4 Control y censura de los medios informativos y rechazo al ejercicio del periodismo independiente; 5 Control absoluto de la economía por parte del Estado; 5 Estado policiaco ejercido por medio de la estricta vigilancia de los cuerpos de Seguridad del Estado y de espionaje sobre toda la población. 6 Ausencia de las garantías procesales en los casos penales que niegan de hecho el Debido Proceso y donde el Proceso de Instrucción no se conduce por la vía judicial sino por “instructores” policiacos. 7 la Soberanía no es ejercida por el Pueblo, sino que descansa y se ejerce desde el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista.

Ya con estos lineamientos bien definidos se puede entonces convocar “a todos los cubanos que deseen participar”, no en una aventura sino en la lucha por el recate de los derechos civiles, económicos y sociales de todos los ciudadanos y por el establecimiento de la República que se organizará “con todos y para el bien de todos”, como había deseado que así fuera el Apóstol de las ideas republicanas, José Martí.

Política

Creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto. Amparados en una nueva constitución que restituya la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; cuya absoluta independencia es la única garantía de una democracia real.

Sí, es cierto: “creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto”. Está bien ¿Cómo hacemos efectiva esta creencia? ¿Esperando que el Partido Comunista se decida a escuchar nuestro consejo y se decida a hacer elecciones mediante el voto directo y secreto para que podamos elegir al gobierno y a las autoridades municipales y provinciales? ¿Esperando que los usurpadores del poder en Cuba se llenen de civilismo y se decidan per se para entrar en un proceso de transición hacia un estado verdaderamente democrático?

No tenemos solo que creer. Tenemos que exigir. Primero: exigir la supresión inmediata del artículo 5 de la espuria Constitución estalinista vigente en Cuba. Segundo: Exigir la renuncia del gobierno actual y la formación de un gobierno provisional de transición política que en un plazo de 18 meses convoque a la formación de partidos políticos y a elecciones para elegir al nuevo gobierno. Y, Tercero: Exigir que se declare y respete la autonomía municipal que sí es “la única garantía de una democracia real” unida a la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Por qué ampararse en una “nueva Constitución” que requeriría la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana formada por todos los factores políticos del país tanto de la oposición como del gobierno, cuando ya contamos con una Constitución, la de 1940, que no ha sido derogada de acuerdo con la ley constitucional establecida para la reforma parcial o total de la Constitución en su Cláusula de Reforma? La Constitución de 1940 fue el documento fundacional más progresista de toda la América Latina cuando fue aprobada. Cierto es, debe ajustarse a las nuevas condiciones políticas y sociales, ser reformada y ser renovada; pero esto podría ser luego de su puesta en vigencia y de acuerdo con lo estipulado en su Cláusula de Reforma.

Proclamar el restablecimiento de la Constitución de 1940 tiene más fuerza política que proclamar el establecimiento de una Constitución que ni siquiera ha sido redactado el texto de su Proyecto ni recibido el consenso de la nación. Y tiene más fuerza porque, en primer lugar, ello significa retornar a la democracia republicana anterior al zarpazo del 10 de marzo de 1952.

Es necesario señalar que la Constitución de 1940 surgió en medio de una violenta coyuntura política creada por el poder de Fulgencio Batista y Zaldívar. Se había dictado una Ley Electoral en 1939 para elegir el nuevo gobierno pero de las experiencias acumuladas a partir de la caída del gobierno de Gerardo Machado, los partidos de la oposición, que conocían que tras la figura del Presidente Federico Laredo Bru estaba el verdadero poder en manos de Fulgencio Batista, lanzaron la consigna que prevaleció entonces: “Constituyente primero, Elecciones después”. En los momentos actuales la consigna pudiera ser: Primero restablecimiento de la Constitución de 1940 y gobierno provisional de transición y elecciones después.

 Dicha constitución debe incluir la premisa insoslayable de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos, plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como otros adicionales que como país instauremos.

La constitución debe convertirse en el instrumento legal y moral más preciado de la sociedad. Y si algo tiene que ser irreversible e irrevocable en su contenido, que sean los más altos valores de participación democrática, del respeto a la soberanía ciudadana y a la diversidad en todas sus manifestaciones, como garantías eternas para la paz y la fraternidad nacional.

Nadie puede estar por encima de la ley, ni fuera de su protección. 

Estos enunciados presupuestos están ya recogidos dentro del canon de la Constitución de 1940.

El castrismo ha hecho todo lo posible para denigrar y demonizar la Constitución de 1940 declarando que “no era otra cosa que una Constitución tan burguesa y neo-colonial como las que le precedieron […], que era además hipócrita porque contenía esos pocos preceptos […] que no eran verdaderamente revolucionarios”.

Hay un efecto de transferencia de asumir el discurso de la tiranía cada vez que se propone la formulación de una “nueva” Constitución.

En cuanto a los Derechos Fundamentales, la Constitución del 40 es de carácter incluyente, como establece su Artículo 40: La enumeración de los derechos garantizados en este Título (Derechos fundamentales) no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Creo de utilidad citar las palabras del Dr. Carbonell Cortina quien siempre fue un defensor de los principios de la Constitución de 1940:

“Si queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni debate durante la provisionalidad.

No, la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar y regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es la Carta Magna de 1940. Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por la fuerza.

Lo importante es tener una base constitucional que haya sido legitimada por la voluntad soberana del pueblo y que permita encauzar armónicamente la transición a la democracia representativa. Podrá después el Congreso o los delegados electos a una Asamblea Plebiscitaria reformar o actualizar la Constitución del 40, supliendo sus deficiencias y podando sus casuísticos excesos”.

En cuanto a la integración del gobierno provisional de transición debe definirse sus prerrogativas, pero declarando que la facultad de ejercer la capacidad legislativa, más allá de aquellas reglamentaciones y disposiciones dirigidas a asegurar el orden público, la reforma del sistema judicial y la depuración de los organismos del estado totalitario, no está contemplada en esas prerrogativas

Fuerzas Políticas

… son los partidos, aún en los países más desarrollados, los principales protagonistas del necesario debate político constante. En tal sentido creemos en la necesidad de una Ley de Partidos políticos, que instituya el orden y la transparencia desde la creación, las campañas, las finanzas y el papel de los partidos en el ejercicio del poder.

Se requiere una Ley de Partidos o más bien una Ley o Código Electoral, sin dudas de ninguna clase; pero enunciar esto, solo constituye parte de un pliego de buenas peticiones; pero ¿a quién dirigir esta petición? ¿Al gobierno de los Castro?

Esta Ley o Código Electoral ya existe y es el aprobado en 1943, solo se requiere indagar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para conocer si existe alguna copia del mismo, aunque hay un libro de la Editorial Lex 1948 que recoge la Ley Nro. 17 de 31 de mayo de 1943. Solo se requeriría hacerle algunas modificaciones como establecer el derecho del voto a todos los mayores de 18 años. Además previamente antes de la convocatoria a elecciones se deberá restructurar el Tribunal Supremo de Justicia para poder establecer legítimamente al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso eleccionario. Con esto volvemos al primer punto: designación de un gobierno provisional de transición quien deberá hacer la convocatoria electoral luego de confeccionado el Censo Electoral Nacional.

Tengamos en cuenta el Artículo 102 de la Constitución de 1940 que establecía: “Para la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al 2% del Censo electoral correspondiente, según se trate de partidos nacionales, provinciales o municipales".

La Constitución de 1940 reconoce la libre organización de partidos y asociaciones políticas, salvo con una prohibición expresa: “No podrán, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase” (Artículo 102), y declarando antes, en su Artículo 34, como ilícita “la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional”.

Con vistas a asegurar estas libertades y las garantías constitucionales  y sociales, una vez restablecida la Constitución de 1940, el gobierno provisional de transición deberá restablecer el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en concordancia con lo estipulado en la Ley 7 de 31 de mayo de 1949, tal y como estaba vigente antes del 10 de marzo de 1952 (Está en nuestro poder esa Ley)

Libertad de expresión

No es necesario dedicar un acápite especial para este tema. Se declarará que “no puede existir una verdadera democracia sin la más amplia libertad de expresión para todos los ciudadanos” dentro de la Declaración de Principios.

Economía

Este es un elemento clave en todo programa de gobierno y deberá argumentarse sólidamente. En primer lugar deberá declararse que se reconoce a la propiedad privada en su carácter social y la no intromisión del Estado en las actividades productivas y económicas del país y abogar por una economía de mercado que se fundamente en la libre competencia y la condena del monopolio. La economía de la Nación no puede ser conducida de acuerdo con principios ideológicos de cualquier modelo.

La lucha en el campo económico debe aclararse que no es contra la riqueza legal y honestamente obtenida sino contra la pobreza. Una sociedad donde la pobreza es la característica predominante conspira contra los principios democráticos y siempre será una sociedad inestable y propensa a caer en la dictadura.

Es necesario establecer legalmente un salario mínimo, que se calcule teniendo en cuenta el concepto de salario real, mediante un mecanismo flexible, que permita su constante adaptación a las variaciones en los precios de los productos y servicios disponibles en el mercado.

La Constitución de 1940 establece el procedimiento para establecer el salario mínimo tanto para el sector industrial, agrícola y de servicios como para las labores que requieran calificación técnica especializada.

El gobierno castrista ha fallado en su programa de industrialización del país. Un gobierno democrático deberá esforzarse por incentivar el capital nacional y por atraer capitales extranjeros dedicados a la producción industrial bajo el estímulo de las leyes, la supresión del peculado público, la seguridad pública y la aplicación de una correcta política impositiva. Sin caer en una política proteccionista se deberá establecer condiciones para que el capital privado nacional juegue un papel destacado en la vida económica de la nación.

Se deberá establecer una política financiera inteligente que conduzca a la valoración de la moneda nacional.

Deberá reorganizarse la banca nacional y darle funcionalidad al Banco Nacional de Cuba en concordancia con la Ley No. 13, del 23 de diciembre de 1948 teniendo autonomía orgánica, personalidad jurídica independiente y patrimonio propio; con capacidad para centralizar las reservas monetarias y regular el crédito; crear y retener medios de pago; actuar como Agente Financiero y Consejero Económico del Estado; y ejercer en relación con la banca privada, las funciones que le sean confiadas y actuar como cámara de compensación.

Se debe elaborar un acápite dentro del Programa que trate de la Deuda Externa que la República heredará del incompetente gobierno castrista. Se debe declarar:

Primero. La República de Cuba no reconocerá a tercer país que se subrogue la deuda contraída por el régimen castrista con la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas.

Segundo: La República revisará cuidadosamente las deudas y obligaciones contraídas por el gobierno usurpador a nombre de Cuba con otros gobiernos para determinar si se deberá asumir tal deuda, capitalizarla o declararla nula.

La usurpación de poderes no es fuente de derechos.

Educación

Podemos coincidir con el enunciado que de este tema se presenta. Sin embargo habrá que matizar su contenido, declarando: Primero que la Educación ha de ser un interés primordial de la República concebida como inversión básica para garantizar el futuro desarrollo económico de la Nación y libre de influencias ideológicas de cualquier tipo. Debe sustentarse en principios científicos. Segundo, la educación que imparta el Estado tendrá carácter laico, declarando la obligatoriedad y gratuidad de la misma hasta el Octavo grado de la Enseñanza elemental.

En la Enseñanza preuniversitaria se restablecerá el Bachillerato, tanto de Ciencias como de Letras, con una extensión de cinco años de acuerdo con la reforma del Dr. Juan J. Remos en 1937 con la adecuada preparación académica para el ingreso a las carreras universitarias, incorporando en su currículum el estudio de la Historia de Cuba, de la Sociología, de la Sicología, y de los principios de la Filosofía. Los locales donde se imparta la enseñanza preuniversitaria deberán contar con laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales.

Se deberá dotar a las universidades con todos los recursos necesarios para formar profesionales debidamente calificados.  

Rescate de la calidad de la enseñanza. La gran mayoría de los maestros de las enseñanzas primaria y secundaria carecen de la debida preparación pedagógica y didáctica por lo que se deberán restablecer las Escuelas Normales para Maestros.

Se proclamará en todos los centros universitarios la Autonomía Universitaria, refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940 por la que se garantice a cada universidad la libertad de tomar dentro de su propia organización y por medio de sus propios procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración

Plenamente de acuerdo con esta declaración: La remuneración de los maestros y profesores debe estar acorde con la importancia que tiene la educación en cualquier sociedad. Retribuir dignamente a estos arquitectos del espíritu, no es solo la garantía de un futuro mejor, es también un deber moral de la nación.

Salud

El acceso a la atención médica, de igual forma que a la educación, constituye un baluarte imprescindible para los cubanos.

Es posible que este término de “baluarte imprescindible” se ajuste a la segunda acepción que da la Real Academia de “amparo y defensa”. Políticamente no dice nada, Hay que ser más preciso. La salud pública debe ser de atención prioritaria del Estado pues contar con una población saludable y apta permite que cada persona pueda desplegar todas sus capacidades productivas y participar en el desarrollo social y económico de la Nación.

Los servicios médicos hospitalarios son cada vez más costosos, y su dispensación gratuita para todos constituye un poderoso gravamen en el gasto público. Los recursos económicos para mantener un programa universal sanitario no descienden como el maná del cielo. Los recursos que maneja el Estado provienen de los contribuyentes, de los impuestos deducidos de sus ingresos. En los hospitales públicos hay muchos servicios que se pueden ofrecer gratuitamente; pero otros resultan onerosos; por tanto deberá crearse un Seguro Social que les permita a las personas de bajos ingresos y a los jubilados, ancianos y niños obtener la debida atención y servicios facultativos bien sea a bajo costo o cubiertos por el Seguro Social.

El personal médico que labore en instituciones hospitalarias públicas deberá ser retribuido con un salario acorde con “su noble y sacrificado trabajo” y de acuerdo a su nivel de calificación.

De acuerdo con el Artículo 81 de la Constitución de 1940 sobre este aspecto, establece: “Se reconoce el mutualismo como principio y práctica sociales. La Ley regulará su funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada protección al profesional”.

Deporte

Este acápite presentado dentro de un programa político no posee carácter movilizativo. No constituye una demanda a favor de la renovación de la sociedad. Se ha traído a colación solo para debatir el enfoque que el poder totalitario da al tema. Puede suprimirse sin problema alguno.

 Prensa

Nadie debe poseer el monopolio absoluto de los medios que producen y difunden los contenidos informativos. La prensa debe tener un carácter totalmente independiente, de manera que su sentido, beneficio y éxito radique únicamente en la credibilidad de quienes la consumen.

Pienso que nadie consume prensa ya sea oficialista, ya sea independiente. Salvando esta consideración se puede decir sí, es importante que el periodismo se ejerza libremente sin censura ni control gubernamental. El periodismo es el perro guardián de las libertades públicas. Sin embargo como reclamo debe aparecer en la Declaración de Principios. Si defendemos la puesta en vigor la Constitución de 1940 ya en ella está definida claramente la libertad de prensa en su artículo 33.

Agricultura

Cuba sigue siendo una sociedad eminentemente agraria. Un alto por ciento de su fuerza laboral activa se dedica a las labores agro-ganaderas.

Uno de los problemas más acuciantes dentro del sector agrario se refiere a la tenencia y explotación de las tierras agrícolas. Aunque se han alcanzado avances en la aplicación de la tecnología y la mecanización en el sector esto no ha dado los resultados apetecibles dadas las relaciones de propiedad que el castrismo ha implantado en el sector agrario, y al manejo burocrático de la explotación agro-ganadera.

Extensas áreas de suelo agrícolas presentan degradación. Oficialmente se ha reconocido que más del 40 % del área agrícola nacional está afectada por erosión, mal drenaje, salinidad, bajo contenido de materia orgánica y la reducción de la fertilidad.

Se requiere un campesinado libre en una agricultura libre, donde el campesino decida qué deberá cultivar y donde comerciar su producción. No obstante en la mayoría de las tierras de propiedad privada se practica una agricultura con métodos rudimentarios que no obstante históricamente alcanza rendimientos superiores a los obtenidos en las tierras de dominio estatal.

Se deben modificar las relaciones de propiedad fundaría. Entregando las tierras a aquellos que estén dispuestos a labrarlas, sustituyendo el sistema de usufructo de la propiedad por la propiedad efectiva mediante la compra de esas tierras en plazos y pagos determinados. Se reconocerá el derecho de los campesinos a unirse en cooperativas sin pignorar su propiedad a nombre de la cooperativa como persona jurídica. Todos los campesinos que se vinculen en una cooperativa tendrán derecho a separarse de la misma sin la pérdida de su propiedad.

Para facilitar que los campesinos puedan acceder al capital necesario para establecer cultivos, sistemas de irrigación y maquinaria el Estado refundará un sistema bancario que conceda créditos a los campesinos a tasas de interés no superiores al 5 % anual para los campesinos con fincas de hasta cinco caballerías (67 ha)

Se establecerá provincial y municipalmente el Servicio de Extensión Agrícola para la divulgación de modernas técnicas de cultivo; de manejo de plagas y enfermedades de los cultivos y de métodos de conservación y recuperación de los suelos. Servicio de asesoramiento a los campesinos en mercado y financiamiento.

Deberá desarrollarse un plan extenso de construcción de carreteras y vías vecinales que comuniquen al campo con los centros urbanos para la comercialización de su producción.

Fuerzas Armadas

Deberá suprimirse el actual Ministerio de las Fuerzas Armadas y sus funciones asumidas por el Ministerio de Defensa sometido al control civil con el asesoramiento en el terreno militar de un Estado Mayor Conjunto. Desmilitarización de la sociedad. Se suprimirá el servicio militar obligatorio. Cuba no requiere de unas fuerzas armadas que sobrepase la proporción número de efectivos/ciudadanos adecuada para tiempos de paz, por ello el número de los efectivos de las fuerzas armadas actuales deberá reducirse al menos en un tercio de su tamaño.

Deberá declararse: La oposición democrática no es enemiga de las fuerzas armadas. Los militares nada tienen que temer del movimiento democrático. La oposición democrática considera que el concurso de la joven oficialidad de las fuerzas armadas será determinante en las transformaciones que se deberán implementar en las estructuras políticas y sociales de la Nación.

Los altos oficiales que hayan participado de forma activa con el régimen castrista y enriquecido al amparo del mismo serán separados de sus mandos. Contra aquellos militares acusados de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito serán sometidos a los tribunales con todas las garantías procesales.

Las fuerzas armadas serán de carácter profesional sin participación en la vida política nacional, ajustándose a las funciones que a las fuerzas armadas le competen en una sociedad democrática: defensa de las costas y territorios nacionales y protección de la Constitución de la República.

Disolución de todos los cuerpos paramilitares.

Participar en el sector de la economía no es función de las fuerzas armadas.

Ministerio del Interior

Desmilitarización de este organismo del Estado (Antiguo Ministerio de Gobernación) y depuración de todas sus instancias con respeto a todos sus funcionarios que hayan actuado con profesionalidad y respeto por los derechos civiles de los ciudadanos. El Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación quedará sometido al control civil.

Se debe hacer una profunda depuración dentro del Departamento de la Seguridad del Estado y su restructuración de acuerdo con los lineamientos que para los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia rigen en los países democráticos.

Los oficiales de la Seguridad del Estado que hayan ordenado, dirigido y/o participado en actos de represión contra la oposición pacífica serán puestos a disposición de Tribunales competentes garantizándoles un debido proceso con todas las garantías procesales.

El Ministerio del Interior (de Gobernación) tendrá a su cargo las Direcciones de Naturalización, Extranjería e Inmigración, la Dirección de Orden Público (Cuerpos de Policía), y la Dirección de Aduanas.

El Departamento Técnico de Investigaciones será reorganizado estructural y funcionalmente como Policía Técnica Judicial y transferido al Ministerio de Justicia.

Organizaciones de Masas

En lugar de hablar de organizaciones de masas es preferible emplear el término de Organizaciones no gubernamentales. Las actuales organizaciones denominadas de masas desaparecerán por su propia dinámica al desaparecer las estructuras totalitarias de la dictadura castrista.

Las organizaciones que surjan desde la sociedad deben ser el resultado de la voluntad espontánea de sus miembros para defender sus derechos e intereses, especialmente los sindicatos.

Esta condición está recogida de manera más precisa en el artículo 37 de la Constitución de 1940: “Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público”.

Sobre los sindicatos la Constitución de 1940 estipula en su artículo 69: “Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su actividad económico-social. La autoridad competente tendrá un término de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o patronal (…) Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento”.

En el Artículo 71, la Constitución postula: “Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos”. Y en el Artículo 72 establece: “La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta Constitución o en la Ley”.

Sobre el sindicalismo solo se mencionan los sindicatos como cita para redondear un breve párrafo (Ver párrafo citado más arriba) En este mismo párrafo se deja la organización de las organizaciones no gubernamentales “de masas” a la espontaneidad, a “la voluntad espontánea de sus miembros”. En política se requiere acción, actuación dirigida a un propósito objetivo; no cabe la espontaneidad. Hay que estimular la formación de sindicatos paralelos o independientes dentro de los centros laborales. Movilizar a los trabajadores para que se organicen en sindicatos que no sean “correas de transmisión” de las directivas del Partido Comunista y sí contrapuestos a los sindicatos supuestamente rojos pero que en realidad son verdaderos sindicatos amarillos; es decir, sindicatos que responden a los intereses de los empleadores que los crean y los controlan (en este caso el poder comunista) y no de los trabajadores que representan.

Hay que denunciar a la Central de Trabajadores de Cuba como organismo rector de los sindicatos amarillos para el dominio sobre los trabajadores y anular su espíritu de lucha. El comunismo en cualquiera de sus formas, leninista, trotskista o castrista es contrario a los intereses de los trabajadores; es el ejercicio de la dictadura del Partido Comunista sobre los trabajadores a quienes reducen a la condición de “proletarios”.

Hay que buscar el apoyo de la intelectualidad, captar a aquellos intelectuales que desarrollan su trabajo al margen de la oficialidad, escritores, poetas, pintores… imbuirles de las ideas de una oposición seria, no burocrática. Hay que entrar a los predios universitarios y captar apoyos entre el estudiantado. Hay que saber quiénes se muestran amigos hacia las ideas de la oposición y pactar con los potenciales aliados. Hay, por otro lado, que desarraigar lo que queda de plattismo en la conciencia política que deposita todas sus esperanzas en la ayuda que pueda ofrecer Estados Unidos. Las castañas están sobre las brasas y no podemos esperar que otros nos saquen las castañas de la candela.