Mario J. Viera
La Bastilla del
comunismo
17 de febrero de 1999
LA HABANA, febrero - El gobierno de Cuba, de hecho,
acaba de anular su último vestigio de vinculación con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Al negar el derecho que todo individuo tiene a la
libertad de opinión y de expresión, al dictar una pérfida ley represiva en
contra de aquéllos que expresen sus opiniones o difundan informaciones, está
destruyendo definitivamente toda la base sobre la que descansa el edificio de
los derechos y libertades de la democracia.
Reprimir ideas, que no pueden matarse ni pueden
clausurarse tras los muros de una prisión, significa debilidad, cobardía
política, y falta de argumentos sólidos para defender las propias.
La intolerancia y el despotismo quedaron sepultados
entre los escombros de La Bastilla. Es contrario a la dinámica de la historia
construir nuevas Bastillas. Los pilares de la opresión no son inconmovibles. La
verdad, la libertad y la dignidad humanas son como las trompetas de Jericó:
derriban muros.
El engendro jurídico aprobado por el complaciente
parlamento del gobierno de Fidel Castro, mal titulado “Ley de la independencia nacional y la economía de Cuba”, representa
una mancha imborrable para el sistema implantado por la fuerza y la represión
del comunismo. No es una ley para proteger la independencia nacional, sino
concebida para sostener el gobierno de una minoría excluyente, que actúa con
desprecio absoluto de la voluntad popular.
Conocida ya como “Ley Titanic”, su destino tiene el mismo sino fatal del colosal
buque al que se presentaba como insumergible. Se hundirá, porque la verdad es
una y no puede ser acallada todo el tiempo. La fuerza pudiera agotar las plumas
del periodismo independiente, pero su verdad y su justificación histórica jamás
serán silenciadas.
Ante este menosprecio por la justicia que el régimen
de La Habana ha osado mostrar ante el mundo, un mundo en el que la democracia
comienza a globalizarse, habría que preguntar a los gobiernos de Canadá,
España, la Unión Europea y los de la comunidad iberoamericana, qué opinan con
respecto a tan burda violación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, elevada a la categoría de ley nacional.
Los líderes del gobierno de Cuba parece que han
olvidado que las Bastillas, los pueblos las demuelen, y que los Titanics se
hunden para siempre en las profundidades del océano.
Helms-Burton, una amenaza
para los independientes
LA
HABANA, 22 febrero 1999 - Con la aprobación por el parlamento cubano del
proyecto de Ley para la Defensa de la Independencia Nacional y la Economía de
Cuba [1],
la ley Helms-Burton se ha convertido en el pretexto perfecto para silenciar al
periodismo alternativo de Cuba y reprimir a la disidencia interna.
La
inesperada ley, que recientemente fuera aprobada por la Asamblea Nacional del
Poder Popular, ha generado el desconcierto entre observadores diplomáticos y
periodistas extranjeros acreditados en la isla. La pregunta del momento es:
¿Por qué aparece ahora esta ley?
Las
respuestas que puedan darse a esta interrogante son eminentemente
especulativas. Algunos arguyen que el objetivo perseguido con la nueva ley,
considerada draconiana hasta por las propias autoridades cubanas, es la de
abrir una "válvula social de escape" y provocar una nueva emigración
masiva hacia las costas de los Estados Unidos, lo cual es poco creíble, ya que
una emigración tal significaría un enfrentamiento directo con la gran potencia
bajo los términos de la ley Helms-Burton.
Otro
de los argumentos esgrimidos para responder al por qué de la ley es una
supuesta pretensión del gobierno de Cuba de reeditar la "mística
revolucionaria" de los años 60, y renovar aquella época de "cuando
nadie escuchaba", y mucho menos denunciaba. Este podría ser un argumento
con cierta verosimilitud, pero las condiciones históricas del período inicial
de la revolución han variado considerablemente, tanto en el contexto
internacional como en el nacional. Ahora la sociedad cubana no tiene la misma
composición de aquellos idílicos años, y el gobierno no cuenta con el apoyo
casi unánime que entonces contaba.
Si
éste es el propósito del gobierno de Cuba con la promulgación de las nuevas
leyes y muy específicamente ésta de la Ley de Defensa, habría que preguntarse:
¿Por qué ahora, tanto tiempo después de haberse promulgado la Ley 80 (LEY DE
REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA CUBANAS), considerada por muchos
como una “Ley Mordaza”, y de la cual la actual parece ser su colofón?
La
justificación dada por figuras gubernamentales para la promulgación de una ley
cargada de severas sanciones penales contra disidentes y periodistas
independientes ha sido la de enfrentar las amenazas de la ley Helms-Burton
contra la economía del país y la supuesta defensa de la soberanía nacional [2].
Uno
de los enunciados de la ley asevera que la misma “respalda jurídicamente la voluntad soberana del pueblo de derrotar el
propósito anexionista del gobierno de los Estados Unidos, porque la mezcla de
condiciones económicas adversas y la propaganda enemiga han servido para
estimular la indisciplina social, las ilegalidades y la comisión de hechos
delictivos”.
De
este modo, la ley Helms-Burton, por una hábil maniobra del gobierno de Cuba, se
convertirá en una amenaza constante sobre la seguridad de los opositores
políticos al régimen de La Habana y de los periodistas independientes. Es
indudable que el gobierno tiene la voluntad política de aplicar las sanciones
penales previstas en el documento jurídico con todo su rigor.
La
intención, desde este punto de vista, parece a nuestro juicio, claro: contar
con un arma de presión para alcanzar una negociación con los Estados Unidos con
el propósito de crear un estado de opinión en la comunidad internacional, y
dentro de los propios Estados Unidos, dirigido a la derogación de la ley
Helms-Burton.
La
ley del Congreso norteamericano que endurece el embargo contra el gobierno del
doctor Fidel Castro se presenta desde ahora como la responsable de que este
gobierno tenga que defender su integridad, descargando su fuerza contra los que
en Cuba, oficialmente, son considerados aliados de los Estados Unidos en su
hostilidad contra el régimen de la isla. Con ello se busca que la
administración de Clinton se sienta responsable de la suerte de los cubanos y
se vea obligada a negociar una solución que pudiera ser, o bien la concesión
del asilo político a los disidentes y periodistas cubanos más amenazados con
las penalidades de la ley cubana, o que solicite la derogación de la ley
Helms-Burton y el levantamiento unilateral del embargo.
Justificando lo
injustificable: misión del periodismo oficialista
25 de febrero de 1999
LA HABANA, febrero - La recientemente aprobada Ley
de Defensa de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba ha suscitado
internacionalmente una serie de reacciones desfavorables en cuanto a sus
proyecciones. Diseñada para silenciar al periodismo independiente de la isla y
a la disidencia interna, se le pretende presentar por los círculos gobernantes
del país y su prensa controlada como un acto de defensa de la integridad
nacional.
Una campaña publicitaria a favor de la ley, que ya
se conoce como “Ley Titanic”, han desplegado los medios de propaganda del
gobierno del doctor Castro. Los periodistas de la prensa oficialista desde las
columnas de sus respectivos rotativos están pidiendo que rueden las cabezas de
los independientes. Un llamado a la cacería de brujas surge de cada uno de los
periódicos dirigidos y orientados por el Partido Comunista de Cuba.
“Trabajadores”, el periódico que responde a la única
central sindical reconocida por el gobierno en Cuba, en un artículo de 4 columnas
y algo más de media plana, se pregunta: “¿Por
qué tanta manipulación?”, refiriéndose a las críticas que “ciertos círculos
políticos, cierta prensa”, sin señalar cuáles, han expresado con respecto a la
ley del parlamento cubano que manifiestamente contradice el espíritu y la letra
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para justificar lo injustificable, el redactor Lázaro
Barrero Medina dice desde “Trabajadores”:
“Se tiende a confundir la libertad de
opinión del ciudadano y su derecho a estar informado, con la llamada libertad
de prensa (sic) u otras formas de
difusión que, por sí mismas y en una buena parte del mundo, impone limitaciones
de una forma u otra por intereses propios, convirtiendo la libertad de
expresión más bien en ‘libertad de empresa’”.
El colega Barrero no ejemplifica su aseveración, y
olvida señalar que en los países donde se respetan los derechos civiles y
políticos de los ciudadanos, es el propio periodismo, por medio de sus códigos
de ética, el que se impone limitaciones, y las violaciones a estas limitaciones
no conllevan medidas penales.
Criticar los actos gubernamentales, hacer públicas
las violaciones institucionales de los derechos del ciudadano no significa de
ningún modo que quien lo haga sea necesariamente un agente de una potencia
extranjera, ni mucho menos que sus opiniones sean “de una naturaleza tan grave como acto traición”, como lo califica
el señor Barrero.
En opinión del gobierno y su prensa oficial, la ley
va dirigida contra “un reducido número de
ciudadanos residentes en Cuba que se convierten en instrumentos de la política
de agresión norteamericana contra Cuba”. La razón dada no justifica el
draconismo de la ley, “que es la
respuesta instrumentada de la Ley 80 para declarar ilícita cualquier forma de colaboración
directa o indirecta que favorezca la aplicación de la Helms-Burton”.
Los propios términos tan abiertos de la declaración “cualquier forma de colaboración directa o
indirecta”, pone en peligro de ser ilícita cualquier opinión desfavorable a
los intereses gubernamentales, y de hecho vicia el concepto de que la ley se
dirige en contra de sólo “un reducido número de ciudadanos”. Si estos supuestos
“agentes de Estados Unidos en Cuba” son tan reducidos en número, ¿por qué
concederle tanta importancia dentro de una población que supuestamente se
mantiene estrechamente unida en torno a lo que el editorial de “Trabajadores” del 22 de febrero denomina
“tres pilares indivisibles”, es
decir, “el predominio de la forma
socialista de propiedad, la dirección política de la sociedad por el Partido
(Comunista)” y la existencia de un estado y un gobierno mesiánico, que se
consideran a sí mismos “capaces de
salvaguardar la soberanía y preservar el orden, la equidad y la justicia”?
El editorial de “Trabajadores”
parece admitir que la ley dirigida contra el periodismo independiente de Cuba “está siendo objeto de una feroz campaña de
crítica” en todo el planeta, y señala: “Hasta
el momento, ninguno de los críticos que vociferan contra la ley cubana se ha
preguntado qué piensa nuestro pueblo de todo esto”.
Sería interesante saber lo que en realidad piensan
los cubanos de todo esto. En encuestas que hemos realizado entre la población,
hemos podido constatar una gran desinformación por parte de la ciudadanía con
respecto a la ya denominada “Ley Titanic”, a pesar de su divulgación por todos
los medios informativos del país, lo que evidencia que una gran parte, al menos
de los capitalinos ni ven el noticiero de televisión ni leen los periódicos.
Cuando se le pregunta al ciudadano común lo que
piensa con respecto a las leyes que la sesión extraordinaria de la Asamblea
Nacional del Poder Popular aprobara, responde casi invariablemente refiriéndose
al tema de la delincuencia común como el robo y la violación, y se sorprende
cuando se le dice que se aprobó una ley con duras sanciones penales contra los
periodistas independientes.
En definitiva, la prensa oficial está cumpliendo la
misión que se le asignó, de justificar lo injustificable, pero sería mejor
conocer la opinión de la nación, lo que sólo pudiera satisfacerse por medio de
un referendo supervisado internacionalmente, que garantizara el libre ejercicio
plebiscitario de los cubanos.
[1]
Esta Ley se le conoce como Ley 88. Publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba,
Edición Extraordinaria, Número 1, de fecha 15 de marzo de 1999.
Edición Extraordinaria, Número 1, de fecha 15 de marzo de 1999.
[2]
En
efecto, el articulo 1 de la Ley 88 define claramente sus objetivos represivos
con el pretexto del supuesto peligro que emanaba de la Ley Helms/Burton: “Esta
Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a
apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley
"Helms-Burton", el bloqueo y la guerra económica contra
nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el
país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.
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