Segunda Enmienda

Ariel Hidalgo. EL NUEVO HERALD

Feria de armas en El Paso, Texas. Foto AFP

En South Miami, en medio de una disputa matrimonial, Derek Medina disparó su arma contra su esposa y luego la fotografió ensangrentada para publicarla en su cuenta personal de Facebook. En Hialeah, Pedro Vargas, con la obsesión de que estaba en la mirilla de las autoridades y que iba a ser despojado de todo su dinero, quemó miles de dólares y luego salió a disparar contra sus vecinos, de los cuales seis resultaron muertos. Jazmín Catano apareció muerta en su apartamento de Manatee, presuntamente asesinada por su ex novio, Andrés Collazos, quien huyó por el aeropuerto de Fort Lauderdale hacia Colombia, su país natal. En Broward, Lisa Taylor salió hacia la calle portando un arma mientras aseguraba que iba a matar personas, por lo que fue ultimada por la policía. Son casos reportados en las últimas semanas sólo en el estado de la Florida. Un recuento de casos semejantes en otros estados conformaría una lista demasiado larga.

¿Cómo es posible que no se entienda que si todos esos homicidas no hubiesen tenido la oportunidad de poseer un arma en sus hogares, no hubieran terminado asesinando o muertos intentando asesinar a otras personas? En el país de donde procedo, casi todos los pleitos que terminaban violentamente no pasaban de los puñetazos, que casi siempre eran interrumpidos de inmediato por las personas más cercanas. Y ahí terminaba todo, a veces, incluso, con disculpas mutuas. Pero aquí los muertos no pueden dar disculpas ni recibirlas. No recuerdo que se hubiesen producido jamás matanzas masivas en ninguna escuela o lugar público. ¿Es acaso difícil comprender que, independientemente de la cultura de violencia predominante, la mayoría de estos casos hubieran tenido desenlaces muy diferentes, sin homicidas ni asesinados, de no existir la enmienda constitucional que permite a las personas portar armas?

Cada vez que se cuestiona la vigencia de esa enmienda, la Asociación Nacional del Rifle lanza su ejército de cabilderos, como en zafarrancho de combate, hacia las instituciones legislativas con el argumento de que es un derecho constitucional. Pero ese supuesto derecho tiene sus orígenes en condiciones muy diferentes a las actuales, incluso fuera de los Estados Unidos, cuando Enrique II de Inglaterra decretó en 1181 que todos los ciudadanos debían portar armas en defensa de la Corona. Luego, en 1689, el Reino Unido reconoció legalmente ese derecho para la defensa personal pero limitado exclusivamente para los protestantes, algo que en las décadas siguientes fue corregido muy sabiamente mediante una serie de restricciones hasta abolirlo en su totalidad. No obstante, la Corona inglesa fue tolerante para las Trece Colonias, donde permitió que localmente se decidiera en ese punto. A la inversa de los ingleses, los norteamericanos permitieron que ese supuesto derecho fuera luego consolidado con la independencia. La Segunda Enmienda, aprobada en 1791, preveía el posible contraataque de la Corona inglesa para recuperar sus colonias en América, por lo que era necesario que los ciudadanos estuvieran preparados para la leva rápida de milicias: “Como es necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no será infringido el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

Es, por tanto, más que evidente que las circunstancias que llevaron a los norteamericanos a la aprobación de esta enmienda ya no son las mismas de hoy. ¿Entonces por qué se insiste en mantener una enmienda cuya razón de ser dejó de existir hace más de dos siglos? ¿Estarían hoy de acuerdo los Padres de la Patria que la promulgaron con mantener una enmienda que está siendo usada actualmente mucho más por desequilibrados para la matanza de personas inocentes que para la defensa personal?