Juicios contra los medios y los periodistas

Los juicios contra los medios y los periodistas terminarán como meras “cortinas de humo” frente a los grandes problemas que sí afectan a los bolivianos (pobreza, corrupción, inseguridad) y quedarán como un mal recuerdo de un régimen que se descompone por sus propios errores y por su vocación absolutista del poder.

Carlos Morales Peña. PAGINA 7

Por si alguien tenía alguna duda, la decisión del Gobierno de iniciar un juicio penal contra tres medios de comunicación por una supuesta incitación al racismo y a la discriminación termina de consolidar un marcado retroceso de la democracia en Bolivia, bajo el denominado “proceso de cambio”.

Desde que el presidente Evo Morales, al inicio de su gestión, declaró a los medios de comunicación como “enemigos políticos” de su administración, la afectación de la libertad de expresión y de prensa se ha profundizado lenta e inexorablemente.

Los ataques desmedidos, juicios de imprenta y acusaciones sin sustento en sentido de que los medios y gran parte de los periodistas tergiversan la realidad y son instrumento de los grupos de poder han sido una constante en estos últimos seis años, desde que el líder cocalero llegó al poder. Aquellas ofensivas políticas mellaron significativamente la labor de la prensa y terminaron afectando la libertad de expresión, a través de medidas gubernamentales que instalaron ─ de hecho ─ un sistema de temor y posterior autocensura.

En una segunda etapa de este enfrentamiento, el Ejecutivo resolvió estructurar un entramado de leyes para entrampar al aparato mediático independiente en marcos jurídicos que apuntan a romper la protección y las garantías establecidas en la Ley de Imprenta y en la propia Constitución.

La Ley de Lucha contra el Racismo y todo tipo de Discriminación, la Ley Electoral y la Ley de Telecomunicaciones contienen instrumentos jurídicos que apuntan a perforar la mencionada norma y llevar los supuestos delitos de imprenta al fuero penal, con graves consecuencias para las libertades de expresión y de prensa.

La arremetida política continuó por otros medios, con el único fin de socavar el poder que legítimamente ejercen los medios y los periodistas en el actual sistema democrático. Desde el Palacio Quemado se adscribe así a una teoría apocalíptica de los medios de comunicación, como si éstos fueran un polo todopoderoso que afecta la gobernabilidad democrática y como si defendieran los intereses de sectores de poder.

El inicio de un juicio penal por la “difusión e incitación al racismo y a la discriminación” contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, por publicar los dichos de Su Excelencia sobre el oriente boliviano y su teoría de la flojera, es el inicio de una nueva etapa en esta ofensiva contra los medios de comunicación y los periodistas. La norma contra el racismo prevé sanciones penales que pueden llevar a la reclusión de periodistas y el cierre de medios.

Esto lleva a la conclusión de que estamos en un abierto retroceso de la democracia, que coloca al país en las puertas de una autocracia, es decir, el Gobierno de un partido único, que ha resuelto concentrar en sí mismo todos los poderes del Estado. El horizonte del “evismo” parece ser La Habana, la polis del comunismo más decadente, donde un único partido tiene plenos poderes, también sobre la comunicación y la prensa (el estatal Granma, único periódico de circulación).

El Gobierno nacional se llena la boca diciendo que en Bolivia hay plena libertad de expresión y de prensa. A partir de los juicios a ANF, Página Siete y El Diario, dicha expresión no es más que una entelequia, una falacia política. Por fortuna, la experiencia muestra que la vocación democrática de Bolivia está por encima de cualquier aventura autoritaria.

Los juicios contra los medios y los periodistas terminarán como meras “cortinas de humo” frente a los grandes problemas que sí afectan a los bolivianos (pobreza, corrupción, inseguridad) y quedarán como un mal recuerdo de un régimen que se descompone por sus propios errores y por su vocación absolutista del poder.