De indígenas a colonizadores

Mario J. Viera

“...le hemos dado nuestro voto al hermano Presidente”, así dijo Adolfo Chávez, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia el 15 de agosto poco antes del inicio de la VIII Marcha Indígena que pretendía llegar hasta La Paz en rechazo a la construcción del tramo 2 de la carretera que unirá Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni) que se propone atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El primer presidente indígena de Bolivia hizo caso omiso a los reclamos de los pueblos originales del Tipnis, que se oponían a la construcción de la carretera con fondos del gobierno de Brasil. Temían el daño ecológico que se produciría en su territorio, la invasión de colonos cocaleros, la deforestación de sus bosques. En el mes de mayo ya lo había advertido Alfredo Moye ejecutivo de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure cuando denunciara “en la zona de los ríos Ojotas e Ichoa, al navegar, hemos descubierto una gran deforestación, en unas 40 hectáreas de nuestro terreno. Al inspeccionar vimos que la tierra estaba llena de coca recientemente plantada, camuflada debajo del arroz” y agregaba “se sembró el arroz, pero no lo están cosechando, vimos que ahí se está echando a perder y se está pudriendo. No les interesa el arroz, sino lo que está debajo”. Había constatado la extracción de gran cantidad de madera de los árboles rivereños ocasionando deslaves y desbordes.

Cocaleros desforestación en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis)

Al descubrir 40 casas construidas de foráneos y la presencia de más de 20 cocaleros les dieron un plazo de 15 días para que abandonaran la zona ilegalmente invadida; y fueron quemadas las 40 viviendas.

No obstante la oficina antidrogas de la ONU había informado los cultivos de coca habían aumentado en un 22 % desde el 2006 cuando Evo Morales asumiera la presidencia. Según este informe, la coca se había expandido por los parques nacionales.

Pero Evo Morales se mantenía en la decisión de construir la carretera. “El proyecto se va a ejecutar, después de las consultas que manda la ley y con observadores internacionales, porque el Gobierno tiene una responsabilidad, que es integrar oriente con occidente” insistió Morales pese a que el 29 de abril del 2010, la Sub Central del Tipnis emitiera una resolución en la que advertía que no permitirían “el inicio de ninguna actividad en el TIPNIS” sin su “consentimiento y conocimiento pleno, en el marco del ejercicio pleno de nuestros derechos propietarios y de nuestros derechos básicos humanos”.

Basaban su reclamo en el respeto del Convenio 169 de la OIT que fuera ratificado mediante la Ley 1257 de 11 de julio de 1991 y que establecía “el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el derecho a decidir su propio desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbre”. La resolución del Tipnis veía que el Proyecto Carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos pretendía llevarse a cabo “sin tomarnos en cuenta, sin seguir los procedimientos que las normas vigentes establecen para este tipo de proyectos y sin considerar la condición de área protegida”.

Carretera sobre el TIPNIS

El 16 de septiembre, la oficina de la ONU en Bolivia había recomendado al Evo Morales que suspendiera la ejecución de las obras hasta llegar a un acuerdo con los indígeneas de TIPNIS. Yoriko Yasukawa, coordinadora Residente del Sistema de la ONU señaló entonces que primero se debía garantizar “el derecho al consentimiento previo, libre e informado” de los originales en concordancia con lo establecido legalmente para continuar con las obras que se habían iniciado en el mes de junio.

Yoriko Yasukawa, coordinadora Residente del Sistema de la ONU

"Si se puede suspender esa obra y si las autoridades pueden sentarse con todas las autoridades indígenas que van a ser afectadas directamente para, con la disposición de considerar otras alternativas, dialogar, yo creo que se puede garantizar ese derecho", había declarado la funcionaria de la ONU

 La marcha de los indígenas se inició sin dejar de encontrar obstáculos en su continuación. Ya el 16 de septiembre se le opusieron campesinos cocaleros y policías enviados desde la capital con órdenes de no dejar avanzar a los campesinos. Se pretextó que la acción policiaca era para evitar un enfrentamiento entre ambos grupos.

Por supuesto Evo acusó a la marcha como manipulada por la Embajada de los Estados Unidos y por grupos de derecha con la pretendida intención de desestabilizar al gobierno.

Ya el 21 de septiembre los peregrinos fueron detenidos a  unos 330 km al noreste de La Paz bloqueados por grupos de campesinos pro Morales y alrededor de 450 policías, mientras que decenas de indígenas aymaras, quechuas y guaraníes se solidarizarón con los procedentes del TIPNIS. El ex Viceministro de Tierras, un fuerte crítico de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de la que denunciaba su encarecimiento debido a “muchos hechos dudosos”, al frente de un grupo de 50 personalidades y activistas había llegado al punto donde se había detenido la marcha levándoles agua y alimentos.

En la ocasión el ex viceministro había denunciado: “En defensa de la Constitución, de la democracia y de los derechos de los pueblos indígenas, los colectivos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hemos decidido luchar y no nos vamos a conformar con la prepotencia de ninguna dictadura de nuevo o viejo cuño”.

Alejandro Almaráz,  ex viceministro de Tierras

Sin previo aviso, el 27 de septiembre en Chaparina y puente San Lorenzo, los efectivos policiales se arrojaron sobre el campamento de los marchistas. Poco antes, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, había declarado: “En una actitud sin precedentes, el gobierno nacional una vez más demuestra objetivamente su voluntad de diálogo, por lo que el señor presidente Evo Morales los convoca a una reunión el día de hoy 25 de septiembre a las 20 horas”. Sin embargo,  como informara el periódico EL DIARIO, “a las 17.30 horas, la Policía decidió reprimir a los marchistas ingresando a los campamentos y causando pánico entre las mujeres y niños que tuvieron que correr ante la arremetida con gases lacrimógenos”

El violento operativo, de acuerdo con la Red Erbol, duró solo 35 minutos en los que fueron detenidos numerosos indígenas y subidos a la fuerza en cuatro ómnibus. EL DIARIO reporta que hombres y mujeres, fueron maniatados con cintas adhesivas y puestos boca abajo. En la represión policial se cree que muriera un bebé de solo tres meses víctima de los gases químicos lanzados por los uniformados.

Campesinos detenidos en el operativo

No tardaron en aparecer voces que condenaban la fuerte represión policiaca; el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín hizo la siguiente denuncia: “Se han vulnerado varios derechos, el derecho a la libertad, a la expresión, a la dignidad, seguridad, incluso quiero decir que en el estatuto de la Corte Penal Internacional el traslado forzoso de niños está tipificado como crimen de lesa humanidad, como genocidio”, agregando a continuación: “Hay una distorsión de la democracia y de las funciones de la Policía. Lo sucedido ahora va a dejar huellas profundas y puede tener muchas consecuencias legales contra quienes han ordenado esta intervención”.

La legisladora del MAS, presente con los indígenas en el momento del asalto policial declaró: “La Policía ha rebasado a la marcha indígena y han tratado de huir los niños y hay niños desaparecidos hasta estas horas por el monte, es una pena lo que ha pasado aquí”.

En rechazo al acto violento en contra de los marchistas la Ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, presentó al presidente boliviano la carta de renuncia a su cargo ministerial. En su carta Chacón expuso: “Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma", y agregó: “¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera”

Los pobladores de Rurrenabaque en Beni, protestaron por la detención de los marchistas en los alrededores del aeropuerto con la intención de impedir su conducción a La Paz logrando su puesta en libertad.

Pero en La Paz no se guardó silencio y un numeroso grupo de personalidades se reunió en la Plaza Mayor exigiendo la destitución del Ministro Sacha Llorenti quien había asegurado que la intervención de la policía habría sido a requerimiento de una orden del Ministerio Público para garantizar que no hubiera enfrentamientos con los colonos partidarios de Evo Morales; no obstante Edwin Sarmiento, fiscal a cargo aclaró que en ningún momento había ordenado la intervención de la marcha indígena.

En el acto de protesta de la Plaza Mayor, el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín dijo que el acto de protesta se hacía en “apoyo de los hermanos que están exigiendo sus derechos legítimos sobre sus tierras, y en ese intento se vulneran además otros derechos, actitud que reprochamos desde todo punto de vista”. Por su parte, la socióloga Silvia Rivera al considerar que el gobierno se había quitado la careta afirmó: “Han pasado de indígenas a colonizadores y mostraron su verdadero rostro”.

Yoriko Yasukawa habría declarado: “Está muy confusa la situación y tratamos de precisar lo ocurrido y saber por qué, pero lo evidente es que hubo mucha violencia. Lo primero que pedimos es que paren la violencia inmediatamente y recordar a las autoridades que tienen la responsabilidad, primero de respetar los derechos de las personas y los indígenas marchistas”.

En un comunicado la Asociación de Periodistas de La Paz expuso: “Con estos actos de represión inhumana, el Gobierno del Presidente Morales demuestra una vez más que su pregonada vocación democrática se resume al uso de la fuerza en lugar de las ideas, la imposición por encima de la Constitución, y la agresión en vez del diálogo y la concertación”

Ante las protestas y las denuncias, Evo Morales se apresuró a informar que se suspendía el de carretera en el Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure hasta tanto los departamentos de Cochabamba y Beni decidan su continuación. Intentando desmarcarse del operativo policiaco Morales dijo: “Lamentamos, repudiamos, los excesos realizados el día de ayer a la marcha. No comparto, no compartimos, una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha”. Sin embargo nada dijo sobre la posibilidad de abrirse una investigación sobre los hechos ni de castigar a los responsables del contundente asalto policial.

El martes 27 de septiembre el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, renunciaba a su cargo luego  Llorenti lo sindicalizara como responsable de la agresión policial.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro en apoyo de los indígenas del TIPNIS.

Algo sucio se mueve en los pantanales del proyecto de carretera que impulsaba Evo Morales sin la consulta previa con las poblaciones indígenas del TIPNIS, que es exigida por el Convenio 169 de la OIT ratificada por Bolivia. El dinero y el poder corrompen y Evo Morales se decide por el poder y es muy probable que no desprecie el dinero como no desprecia la continuidad y extensión de los campos de coca. El puede ser de etnia aymara, pero solo eso. No siente como sienten los indígenas, él no es otra cosa que un colonizador en cuerpo de indígena. Sus reclamos a favor de los pueblos originarios es solo retórica y demagogia para mantenerse en el poder.