De Diálogos y consultas en Honduras.

Mario J. Viera

Es decepcionante revisar las noticias políticas de Honduras. Se siente como si los pícaros dominan el panorama de la política hondureña. Tal es la impresión de que todo se empantana en un lodazal de intereses creados. La democracia en Honduras no está asegurada. El Pacto de Cartagena ha servido para alentar las ambiciones reeleccionistas de muchos políticos con historial de corrupción.

La demagogia ocupa cátedra en Honduras en la boca de muchos oportunistas, de esos que como bien indica Boris Zelaya Rubí del diario LA TRIBUNA, “enarbolan la bandera a favor de los desposeídos, gritando que la solución es el socialismo del siglo XXI, y pretenden obtener el poder como un medio y no como un fin, para “desaparecer” la miseria de Honduras”.

Las puertas están abiertas de par en par para darle estancia a “los resistentes o chingastes” como define Borís Zelaya a los sicofantes revolucionarios que siguen al otro Zelaya, al Mel. Nada bueno puede esperarse para Honduras de aquellos que se declaran partidarios del chavismo y hacen loas a Fidel Castro, el hombre que retrotrajo a Cuba a la condición de un país tercermundista. ¿Quieren para Honduras la triste suerte que le ha tocado a los cubanos? Esto es lo que se agazapa en la propuesta de una supuesta “refundación hondureña”.

Ante este peligro advierte Zelaya Rubí con mucho juicio: “La gente pobre no debe engañarse por lo que ahora se hacen llamar revolucionarios, ellos tienen como única intención volver a tener poder y más dinero fácil, quieren arrebatarle la dirigencia a los movimientos populares o mejor dicho grupos de presión, cuya misión ha sido la de influir desde afuera (del esquema del Estado) sobre los poderes públicos, con miras a la defensa de sus intereses. En determinados momentos han hecho sentir su influencia en algunos gobiernos, para equilibrar situaciones que no permitan que el gobernante se convierta en un dictador, evitando que dirija el país como si fuera su hacienda particular”.

Alegan los cartagenistas que en el pueblo hondureño hay frustración y pesimismo y por tanto se debe reformar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente; y sí, es cierto que en Honduras hay frustración y pesimismo; la frustración y el pesimismo que se ha originado en la pérdida de confianza hacia su clase política y a los empresarios ávidos de ganancia. Esto lo resume claramente Mario Argueta de EL HERALDO hablando a propósito del informe de la Comisión de la Verdad:

“El egoísmo de los políticos, su manipulación de los afiliados, la perpetuación de una visión cimentada en el clientelismo y en la concepción del Estado como un botín a repartirse por los vencedores, la institucionalización de la corrupción y la impunidad, la ausencia de una visión de país -a la vez consensuada y de largo plazo-, la falta de continuidad en los proyectos de una administración y la siguiente, más su ausencia de patriotismo y de sentido del bien común, constituyen elementos inherentes a los peligrosos niveles de frustración y pesimismo de la población”

Y agrega:

“A esto debe agregarse el hecho de que la clase empresarial tradicionalmente ha medrado a la sombra del sector público, exigiendo y obteniendo todo tipo de privilegios (exenciones tributarias, dispensa de impuestos, favoritismo en la adjudicación de licitaciones y contratos), sin arriesgar sus capitales; de hecho, evadiendo el fisco y optando por la fuga de sus dineros hacia el exterior”.

Y resume Argueta:

“En unos y otros ha faltado un sentido del bien común, de solidaridad con las mayorías, de suficiente dosis de un horizonte de filosofía política que les permita compartir al menos una parte de sus ganancias con los de abajo”.

Entonces Don Pepe ha reunido en Casa de Gobierno a representantes de los partidos políticos y los representantes del Frente Amplio de Resistencia Popular para llevar a cabo un diálogo sectorial en el denominado Gran Diálogo Nacional. El propósito es enfrentar los diferentes puntos de vista sobre reforma constitucional, consulta popular y la defensa o el rechazo de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Fueron tres horas de debates. Abrió la justa de retóricas Ricardo Alvarez del Partido Nacional haciendo hincapié que Honduras no necesitaba una asamblea constituyente para dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, sino aplicar una política concreta para mejorar la asistencia a los pobres.

"Necesitamos ─ dijo ─ asegurarnos de que más allá de los discursos le demos al hondureño lo necesario para tener una vida digna, la dignidad de un empleo bien remunerado, el derecho a comer y vivir con seguridad”.

Elvis Santos, presidente del Partido Liberal se volvió hacia el defenestrado presidente Zelaya saludándolo, de acuerdo con el diario LA PRENSA, por haberse decidido a formar su nuevo partido político, el FARP; quizá pensaba como Zelaya Rubí, quien en su artículo “Herrados con el fierro de corruptos” dijera:

“Gran favor le hace el tal “Mel” a los partidos políticos, organizaciones sindicales y de otra índole, limpiándolos de dirigentes nefastos que les han hecho tanto daño al perpetuarse en esas cimeras posiciones, llamándolos a formar parte de la gigantesca directiva del nonato partido “Frente Amplio de Resistencia Popular” que en poco tiempo se convertirá en una “Torre de Babel”, ya que sus integrantes no se pondrán de acuerdo por tener diferentes principios y fines”.

Y agregó Elvin Santos que la principal necesidad de la población son medicinas, educación y seguridad y no "procesos revolucionarios que no han dado los frutos".

Julio Soriano de Convergencia Nacional se mostró sarcástico “qué Presidente merece ser reelecto", dijo y agregó que la mayoría de los hondureños no quiere saber nada de los partidos tradicionales porque todos los que han pasado por el gobierno no han hecho nada.

Para Jorge Aguilar del Partido Innovación y Unidad dijo, de acuerdo con LA PRENSA, que las reformas profundas deben ir acompañadas del cambio de actitud de los políticos porque todos han sido salpicados por las malas prácticas. En cuanto a las reformas pidió crear el juicio político y el referéndum revocatorio, además de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Lucas Aguilera de Democracia Cristiana fue tajante, en su opinión se debe  dejar a un lado los temas trillados que dividen a la familia, pues es necesidad priorizar el empleo, la seguridad, la alimentación y la producción, según se informa en la página digital de la presidencia de Honduras.

Todos a una, los representantes de la izquierda bananera de Honduras se declararon a favor de la cuarta urna para consultar al electorado si desea remover los artículos pétreos y a favor de una Asamblea Constituyente.

Tienen plena razón todos los que en el Gran Diálogo Nacional reclamaron que no se requiere una nueva Asamblea Constituyente para enmendar la Constitución nacional sin necesidad de una supuesta “refundación nacional”. Las reformas necesarias son como las sugeridas por Jorge Aguilar: crear el juicio político y el referéndum revocatorio, además de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Esta es también una sugerencia de la Comisión de la Verdad en su informe.

La revocación de Manuel Zelaya se hubiera producido sin mayor fuerza de haber existido entre las normas constitucionales el juicio político o impeachment en la legislación anglosajona. De haber existido ese mecanismo constitucional, Zelaya hoy no estaría formando parte del Diálogo Nacional; tal vez, incluso, estaría preso; Insulza no se habría rendido ante las exigencias injerencistas de Hugo Chávez.

Ya la figura del juicio político formaba parte del texto de la Constitución cubana de 1901 que establecía en el primer acápite de su artículo 41 sobre las atribuciones del Senado el “juzgar, constituido en Tribunal de Justicia, al Presidente de la República, cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales”.

Este precepto fue también recogido y ampliado en el epígrafe a) del artículo 122 de  la Constitución de 1940, como una de las atribuciones de Senado: “Juzgar, constituido en Tribunal, al Presidente de la República cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial o de infracción de los preceptos constitucionales. Para actuar con esta atribución será indispensable que la acusación formulada por la Cámara de Representantes haya sido acordada por las dos terceras partes de sus miembros. Integrarán el Tribunal, a los efectos de este artículo, los miembros del Senado y todos los del Tribunal Supremo, presididos por quien ostente en ese instante el cargo de Presidente de este Tribunal”.

Quizá hasta sería conveniente sustituir la Asamblea unicameral de Honduras por un Congreso bicameral con la creación de los dos cuerpos colegisladores la Cámara y el Senado.