Entrevistas realizadas por los diarios HOY y EL UNIVERSO a Daniel Santoro
Daniel Santoro es un periodista de investigación y editor de la sección Judicial y de temas especiales del diario argentino EL CLARÍN, socio fundador del fopea, catedrático de la fundación nuevo periodismo. Según la Fundación Konex es: "Una de las cinco mejores figuras de la historia de la comunicación en la Argentina". Es el periodista que investigó el caso del tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia que llevó a prisión al ex presidente Carlos Menem durante seis meses en el 2001
Santoro es profesor de la cátedra Técnicas del Periodismo de Investigación de la maestría de Clarín y de la Fundación Nuevo Periodismo Americano que dirige Gabriel García Márquez.
¿Qué implicaciones tiene una sentencia por un artículo de opinión contra su autor, el medio en el que escribe y sus propietarios?
Crea un precedente altamente negativo para la libertad de expresión en América Latina. Enviar a la cárcel a tres directivos y a un periodista y dictar una indemnización de $40 millones crea temor entre medios y periodistas y ese temor lleva a la autocensura.
¿Conoce un caso similar?
No conozco ninguno con una indemnización de $40 millones. No guarda relación con nada. Por ejemplo, en la Argentina, el Foro de Periodistas de Argentina (Fopea) pide un tope a las indemnizaciónes civiles. Si por la muerte de un trabajador en un accidente de trabajo se paga $40 mil o $50 mil, ¿cómo una reparación moral puede costar $40 millones?
¿Qué debemos hacer los periodistas ante una situación como esta?
Contestar con más periodismo, no convertirnos en actores políticos y profundizar el camino de la autorregulación ética y profesional. Además, solicitar la solidaridad internacional e ir a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana.
¿Qué ha pasado con el periodismo a dos años de vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuesta por el Gobierno argentino?
El clima para ejercer el periodismo se ha enrarecido mucho, hay libertad de expresión pero, por ejemplo, a varios periodistas de Clarín, nos sacaron una ficha anónima con nuestras caras y la pregunta: ¿Se puede ser periodista en Clarín y trabajar para una apropiadora de menores? Empapelaron toda la ciudad de manera cobarde.
¿Quiénes?
La mano del kirchnerismo estaba detrás, pero el Gobierno dijo que era una manifestación de libertad de expresión. La oposición en el Congreso se solidarizó con nosotros. A Ermenegildo Sábat, caricaturista de Clarín, la presidenta le mandó un mensaje cuasi mafioso porque la dibujó con una banda tapada la boca y con Néstor Kirchner atrás. Luego, mandó 200 inspectores del organismo fiscal al diario... Además, el presidente de la agencia oficial de noticias Telam, Martín García, dijo que los periodistas que trabajamos en medios privados somos como las prostitutas que cobramos por hacer lo que quería el dueño. Yo acepto que cuestionen la calidad de mis notas, que reclamen si me equivoco, que me hagan un juicio si quieren, pero eso no.
¿Hay similitud entre la Argentina, Venezuela y el Ecuador?
Sin duda, hay un fenómeno de intolerancia con la prensa. Yo suponía equivocadamente, cuando asumieron, que esta llamada nueva izquierda iba a ser tolerante, liberal, e iba a tener medidas a favor de la transparencia pública, pero lo que buscan a través de las críticas personales, de la propaganda oficial, del retiro de las concesiones de radio y televisión, es crear un clima de temor y de autocensura en los periodistas.
¿Por qué llegamos a esta situación en América Latina?
Esto tiene que ver con la crisis que sufrimos a fines de los noventa, cuando se destruyó a los partidos políticos y, como se destruyó a la oposición, estos gobiernos necesitan un nuevo enemigo y lo están encontrando en los medios.
¿Cuál es la responsabilidad de los medios y los periodistas en esta situación?
Por ejemplo, que la mayoría de medios no tengan códigos de ética, estándares profesionales, defensores del lector, como lo tienen en los Estados Unidos y en Europa. Ese vacío permitió que gobiernos como los de Chávez, Correa y los Kirchner ejerzan todo el poder desde el Estado.
¿Está de acuerdo con leyes que controlen la información?
Totalmente en desacuerdo, eso es censura previa de las monarquías; en lugar de ello, hay que estimular la autorregulación, la profesionalización, la libertad de conciencia.
¿Por qué define usted al periodismo como el perro guardián de la democracia?
Desde la década del noventa, a parte de informar y entretener, el periodismo es el perro guardián de la democracia y el controlador del poder, no solo político, sino empresarial, eclesiástico y demás. Por eso, me llama mucho la atención que el presidente Rafael Correa, que se ha manifestado a favor de la participación de la ciudadanía, no haya tomado medidas, como sí lo hizo Cristina Kirchner, acordes con la Corte Interamericana de Justicia.
¿Qué medidas?
Por un caso de calumnias e injurias, ante una recomendación de la Corte, mandó un proyecto de ley al Congreso y fueron abolidas las calumnias e injurias como delito penal, por el cual los periodistas podíamos ir presos. Fue un paso muy positivo de la presidenta. Antes, se derogó también el delito de desacato contra la figura presidencial; ahora quedó solamente el delito contra el honor de las personas, que es de fuero civil.
¿Eso qué significa?
Que si los periodistas nos equivocamos, tenemos que retractarnos y pagar una indemnización. Pero, desde el Fopea, estamos pidiendo al Gobierno y al Congreso que pongan un límite a las indemnizaciones que se reclaman por los delitos contra el buen nombre y el honor de las personas. Espero que un hombre inteligente como el presidente Correa se dé cuenta de que lo que está poniendo en tela de juego no es recuperar su honor sino el eventual cierre del diario más grande que tiene el Ecuador y que ha sido una referencia para toda América Latina.
Es polémico el artículo de Emilio Palacio que motivó la demanda del presidente, hay también que respetar a la autoridad.
Con todo el respeto que merece Rafael Correa como ciudadano pero, por su investidura presidencial, es él quien más tiene que resistir las críticas. El artículo es polémico pero que la Justicia condene al diario es un retroceso preocupante en la lucha por la libertad de expresión y la transparencia pública en América Latina.
¿Qué implicaciones puede acarrear esa sentencia?
En dos o tres años, esto terminará en la Corte Interamericana y cualquiera que lea la jurisprudencia que hay opinará a favor del derecho de un diario a subsistir y cuestionará el reclamo de una indemnización desmesurada.
¿Quién pierde si un medio deja de informar?
La ciudadanía y la calidad de la democracia.
Además del caso de El Universo, el Gobierno de Rafael Correa impulsa un proyecto de ley de Comunicación, y propone, por ejemplo, que todas las notas salgan firmadas por sus redactores, que la información sea contrastada, oportuna y que quien juzgue si eso se cumple o no sea un consejo regulador con delegados del Ejecutivo.
El secreto profesional de los periodistas está consagrado por la CIDH, eso sería otro retroceso. Toda mi solidaridad con los periodistas ecuatorianos porque la lucha contra el secretismo del Estado viene desde la época de la dictadura, es un derecho conservar nuestras fuentes de información.
¿Cómo maneja el Gobierno en Argentina el tema de la publicidad oficial? Si se quiere regular la información, ¿deben ser regulados esos espacios también?
Entre 2003 y 2010, los gobiernos de Néstor (+) y Cristina Kirchner crearon un conglomerado de 150 medios que se financian casi exclusivamente con publicidad oficial, distribuida de forma discrecional. Este año, el monto bordea $400 millones, 84% más que en 2010. Inclusive, hay un plan para canjear publicidad oficial por deudas impositivas de unos 150 medios que dependen de ella. Por eso, desde el Fopea, promovemos la regulación de esos espacios, para evitar que el Gobierno los utilice como censura indirecta.
Usted denunció el tráfico de armas de la Argentina a Croacia y el Ecuador, por lo que fue juzgado el expresidente Carlos Menem. ¿Fue enjuiciado por eso?
Menem me hizo un juicio por violación del secreto de Estado, me difamó públicamente, me amenazaban de muerte por teléfono, me ofrecieron $50 mil para que dejara de investigar, pero yo decidí seguir siendo un periodista pobre, pero honesto. Al final, esas causas cayeron y hoy, Menem está soportando un juicio oral y está desesperado por mantener el fuero parlamentario, al punto que se alió con el partido de Kristina Kirchner para lograrlo.
¿Ha sentido temor?
En la Argentina, perdimos muchas cosas con la crisis de 2001, como los partidos políticos y la Copa América frente a Uruguay, pero las garantías individuales se mantienen, podemos hacer periodismo de investigación, hay libertad de expresión, aunque hay un mal clima para el ejercicio del periodismo.
¿Feliz de ser periodista?
Si volviera nacer, elegiría nuevamente esta profesión, porque la amo y me apasiona.
Entonces, ¿por qué no quisiera que un hijo suyo lo sea?
Porque se sufre mucho por los juicios y las amenazas, y porque hay una precarización de este trabajo. La sociedad debe replantearse y, si quiere buena información, debe apoyar esta actividad.
Veo que los jóvenes periodistas en Clarín y en otros medios tienen bajos sueldos, este es un problema en muchos de nuestros países; hay que mejorar esto para garantizar un trabajo digno. Pero eso no es responsabilidad de los gobiernos, sino de los dueños de los medios de comunicación. Si ellos no garantizan buenos salarios, buena cobertura médica, seguro de vida y capacitación permanente, eso no es posible.
¿Cuál es su consejo a las nuevas generaciones para hacer un mejor periodismo?
No olvidar que nuestro trabajo es común, igual que todos los demás, y recordar que los periodistas no somos jueces ni fiscales, porque algunos, sobre todo argentinos, son muy soberbios. A ellos, hay que decirles cada día: "Sos un mortal, sos un mortal".
Santoro responde a preguntas de EL UNIVERSAL
¿Cómo afectará la sentencia en contra de EL UNIVERSO al periodismo de la región?
Creo que es un precedente altamente negativo. Que la justicia haya accedido a un pedido de esa exorbitancia crea temor en periodistas de América Latina y, en particular, en los colegas de Ecuador. Y ese temor a escribir o no escribir algo lleva a la autocensura y quienes se perjudican son los ciudadanos de Ecuador y de toda América Latina, que no van a tener acceso a la información.
¿Es peligroso para la democracia que los periodistas ejerzan su oficio con temor?
Los periodistas podemos investigar y descubrir toda la información que ocultan los poderosos, tanto los poderosos de la política como los poderosos de las empresas y del mundo deportivo. Y si no se conoce la información, el ciudadano no puede discernir. Si el ciudadano no tiene los elementos necesarios para tomar una decisión correcta a la hora de votar, eso baja las calidades de la democracia... Por ejemplo, con el caso que investigué de tráfico de armas de Argentina a Ecuador, me pregunto: Si yo no hubiera investigado, si diario Clarín no se hubiese atrevido a publicar ese tema contra el entonces poderoso presidente Carlos Menem, ¿este tema se hubiese conocido? No, seguramente no. Este tipo de cosas son las que se van a perder cuando se crean precedentes judiciales que no guardan relación entre lo que se reclama y lo que realmente sucedió.
En su paso por Ecuador, ¿cómo ha visto el ambiente en el que se desarrolla el trabajo periodístico?
Bueno, ayer (martes) yo estaba en diario Hoy, en la oficina donde se hacen las noticias. Me llamó la atención la decisión del presidente Rafael Correa de rechazar el pedido de rectificación de Diario EL UNIVERSO. Había una sensación de temor en todos mis colegas... Pero para darte una idea, porque este caso (el de EL UNIVERSO) es un caso testigo, en Argentina, los periodistas conseguimos, en el gobierno de Menem, que se derogara el delito de desacato (injuria) contra la figura presidencial.
¿Cómo lo consiguieron?
Lo conseguimos a través de Horacio Verbitsky (destacado periodista de investigación y escritor), que tenía un juicio en Argentina. Él lo llevó a la Corte Interamericana. Lo que consiguió es que Menem mandara un proyecto de Ley y se derogara el delito de desacato contra la figura presidencial. El año pasado también la Corte Interamericana de Justicia recomendó a Argentina, en el caso de un periodista que había investigado los asesinatos de los sacerdotes palotinos y que había sido condenado por el delito de calumnias e injurias, que ajuste su legislación porque era una legislación que iba en contra de los principios democráticos y de defensa de derechos humanos del sistema judicial interamericano. Entonces Cristina Fernández toma esa recomendación de la Corte, manda un proyecto de Ley al Congreso y este por unanimidad derogó el delito de calumnias en el foro a plenario.
¿Desapareció ese delito?
Quedó el delito contra el buen nombre y honor de las personas con solamente una obligación de retractación y de indemnización económica. Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea, fundado por Santoro) –porque hay demandas de funcionarios contra periodistas por montos de un millón de dólares, por ejemplo– lo que estamos pidiendo al gobierno y al Congreso es que ahora pongan un tope a las indemnizaciones. No puede ser que por la muerte por un accidente de trabajo la justicia argentina esté poniendo indemnizaciones económicas de 40 mil o 50 mil dólares y por la reparación al honor de una persona se esté reclamando un millón de dólares.
El presidente Correa pide $ 80 millones, pero el juicio contra EL UNIVERSO nos da pauta también para fijar cuál debería ser la responsabilidad ulterior del periodista, de los directivos del medio y de las compañías.
En la Argentina no se denuncia a una persona jurídica. Las denuncias se hacen al periodista y al editor responsable.
¿Llegan al director?
No, no. Eso es solamente para el editor responsable que para eso está, para contestar demandas... Otra diferencia es que (en Argentina) no hay delito de opinión. La mayoría son por noticias, es decir, por datos falsos o erróneos que ha habido en la sección noticias. Generalmente, si el artículo está en las páginas de opinión está considerado como que eso no es punible... En un artículo no es que se está afirmando algo, sino que se está dando un punto de vista sobre un hecho.
El argumento de Correa es que dentro del artículo de Emilio Palacio se han dado, supuestamente, juicios de valor falsos y que él no ha perdido su condición de ciudadano.
El jefe de un Estado es el que tiene la mayor obligación de rendir cuentas y soportar críticas de parte de su sociedad. No estamos hablando de un particular indefenso que ha sido víctima de un artículo polémico. Estamos hablando del jefe de Estado que tiene mucho poder. Me llama la atención la forma personal con que él toma adelante este juicio y más aún que haya rechazado la posibilidad de una rectificación.
¿Qué opina de esto último?
Por eso me llama poderosamente la atención que rechace lo que repararía su honor, que sería que el medio aceptara una rectificación. Es muy, pero muy difícil en Argentina que un medio se rectifique.
¿Y qué le parece el insulto “sicarios de tinta” de Rafael Correa a los periodistas?
Eso es una cosa gravísima. Sicario es un asesino contratado para matar a alguien. Me parece una descalificación que contribuye a enrarecer aún más el clima... El presidente tiene derecho a hablar del contenido de nuestras notas, a decir si nos faltan fuentes, si nos equivocamos en las notas, pero no a tratarnos de sicarios de la tinta.
¿Cómo no claudicar con el oficio en medio de regímenes que persiguen a periodistas?
Primero, no caer en la tentación de actuar como actores políticos, de responder políticamente. Porque hay medios que disfrazan la opinión como noticias... Con más investigación, como hacen ustedes, sin agregar ningún adjetivo ni ningún calificativo. Esa debe ser la respuesta. Acá lo que se discute es la credibilidad de los medios y de los periodistas; igual, la credibilidad del Gobierno. A largo plazo, las sociedades no son tontas y con hechos comprobables van a ver, en determinados casos, quiénes tienen la razón y quiénes estaban mintiendo.
En la Constitución ecuatoriana existe el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contrastada y demás adjetivos que uno pensaría son positivos, ¿pero no hay ahí una intención escondida para controlar el contenido de los diarios?
El periodismo es aproximarse a la verdad. ¿Cómo los periodistas podemos aproximarnos a la verdad? Si tenemos leyes de acceso a la información pública, gobiernos transparentes, códigos de autorregulación y demás. Para mí, hacer una discusión teórica de qué otros adjetivos se quieren agregar a la palabra verdad no tiene sentido. Yo creo que si los gobiernos, si la sociedad toda se preocupan por darnos a los periodistas estos mecanismos para aproximarnos a la verdad, este es el verdadero debate.
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