Lo que se esconde tras la consulta popular a favor de una Constituyente en Honduras.

Mario J. Viera

Los intentos de reformas constitucionales en Honduras no son nuevos. Ya en épocas del presidente Tiburcio Carías Andino se pretendió el establecimiento de una nueva Constituyente que posibilitara la reelección inmediata de la presidencia que la Constitución de 1924 prohibía expresamente. Los cambios que se introdujeron en la Constitución de 1936 fueron la eliminación de la prohibición para la reelección inmediata de la presidencia y la vice presidencia, extender el periodo presidencial a seis años en lugar de los cuatro que reconocía la Constitución y el restablecimiento de la pena de muerte. La nueva Constitución hecha a gusto y complacencia de Carías incluyó un artículo que el presidente y el vicepresidente estarían en el poder hasta el año de 1943.

En 1939, el Congreso controlado por el partido de Carías dictó una ley por la cual el periodo presidencial de Carias por seis años más hasta 1949. Tras la victoria obtenida sobre una insurrección liberal que intentaba proclamar como presidente a Heliodoro del Valle, entonces exiliado en México, le permitió a Carias continuar como presidente hasta 1949. Por último presionado por los Estados Unidos para que abandonara el poder Carías en octubre de 1948 anunció la convocatoria para elecciones.

La Constitución vigente en Honduras fue el resultado de la Asamblea Constituyente convocada a finales del gobierno de la Junta Militar que gobernó al país . El general Policarpo Juan Paz García había convocado a elecciones para la Constituyente el 20 de abril de 1980. Con el propósito de restaurar el estado de derecho luego de los gobiernos militares se promulgó en 1982 la nueva Constitución.

La experiencia de los años de gobierno militar y del largo periodo de gobierno de Carías determinó el contenido de los postulados constitucionales. Honduras rechazaba por su Constitución la reelección de quienes hubieran ocupado los cargos de Presidente y vicepresidente estableciendo esta norma como uno de los artículos inamovibles y reformables del texto constitucional.

Zelaya pretendió realizar una consulta popular dirigida al establecimiento de una nueva Asamblea Constituyente que redactara una nueva constitución para el país lo que propició su destitución por los militares con el beneplácito del Congreso y el poder judicial. Luego del acuerdo de Cartagena, el tema de una supuesta reforma constitucional por conducto de una Constituyente ha vuelto a ser planteada tanto por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el actual mandatario Pepe Lobo.

¿Qué se esconde tras la propuesta consulta popular legalizada por la reforma del artículo cinco?

Los agitadores del FNRP achacan a la Constitución vigente la situación de pobreza y subdesarrollo que afecta a gran parte de la sociedad hondureña, de aquí la necesidad de una reforma constitucional, dirigida a la construcción de “un Estado de derecho que garantice el bienestar de todos y permita la construcción de una sociedad verdaderamente democrática e incluyente”.

Al respecto el columnista del diario EL HERALDO, Arturo Alvarado ha observado acertadamente:

“Lo interesante de toda esta tragicomedia es que ni desde los tiempos en que en forma ilegal el expresidente Zelaya trató de impulsar la misma iniciativa ni hasta la fecha, los proponentes han presentado al pueblo hondureño las justificaciones para tal iniciativa ni las reformas que deberían ser incorporadas en la nueva Constitución”

Ciertamente el reclamo se funda solo en palabras, en consignas no en proposiciones concretas que justifiquen una reforma en profundidad de la Constitución. Sin embargo ¿se requiere la convocación de una Asamblea Constituyente para introducir las reformas que se consideren necesarias para mejorar el estado de derecho y el bienestar de la nación?

Aunque la Constitución de 1982 es de carácter rígido que requiere un procedimiento especial para la reforma de sus artículos eso no quiere decir que no se puedan introducir modificaciones en la redacción de su articulado o reformas de los mismos como lo demuestran las numerosas adiciones, enmiendas y reformas que se han incluido en el texto. La única salvedad es la debida a los denominados artículos pétreos constitucionales, algo a lo que se opuso la bancada de Unificación Democrática por boca de su representante en el Congreso Marvin Ponce durante el debate para la reforma del artículo 5 quien apoyó las reformas para el referendo y al plebiscito para eliminar “los obsoletos artículos pétreos de esa Constitución de la República. Este ─ agregó ─ es el momento de que la clase política cambie para acabar con esa pobreza si queremos hacer progresar el país”.

Arturo Alvarado ha dicho al respecto en su artículo de opinión “¿Asamblea constituyente?”:

“Podemos deducir entonces que si la gran mayoría de los artículos de nuestra actual Constitución pueden ser reformados, lo que buscan los promotores de la constituyente no es más que una constitución que incorpore una nueva forma de gobierno, de repente anexar el territorio a la alianza bolivariana y permitir la reelección presidencial”.

Más adelanta recalca el columnista de EL HERALDO:

“...la reelección presidencial en un país donde las instituciones no funcionan y una clase política que en su mayoría solo busca su propio bienestar, a lo que nos conducirá es a una dictadura democrática, en donde las elecciones solo servirán para legitimar a un gobernante que, haciendo uso de su poder y de los recursos públicos, tomará el control absoluto del país y tratará de eternizarse en el cargo, tomando como ejemplo varios países de América del Sur”.

Esto hace recordar claramente el largo periodo de gobierno  de Tiburcio Carías Andino y lo que actualmente se ha producido en Venezuela, Ecuador, Bolivia y se espera reproducir en Nicaragua, la dictadura “democrática”.

El subdesarrollo que existe en Honduras no es provocado por los dictados de la Constitución ni será resuelto con un beneplácito constitucional a la reelección continuada de los gobernantes. La base del subdesarrollo en cualquier país está en la corrupción gubernamental; en la falta de transparencia, en la no inversión en la educación de las nuevas generaciones que sería un valladar para el incremento de la criminalidad y el motor impulsor de la iniciativa individual en el desarrollo económico, tecnológico y social.

Nada hay que agregar al párrafo final del artículo de Arturo Alvarado:

“Nuestro subdesarrollo tiene que ver con la falta de un gobierno con visión de largo plazo, la poca transparencia y eficiencia en el uso de los recursos que aportamos los contribuyentes, la mala calidad del gasto público, el débil funcionamiento del Estado de derecho que ha hecho que la corrupción y la impunidad sean el peor azote del desarrollo económico y social y los altos niveles de criminalidad. Los hondureños debemos unirnos para forzar transformaciones estructurales que propicien el crecimiento económico con equidad, pero bajo un clima de democracia y el respeto a los derechos individuales. Dejemos que la iniciativa de cada hondureño sea el impulso creativo de una nueva Honduras”.

Detrás de la propuesta de una Asamblea Constituyente se esconden las ambiciones de los grupos procomunistas que no cuentan con apoyo sustancial entre el electorado hondureño,  los propósitos hegemonistas de Hugo Chávez y las intrigas del castrismo en busca de un frente de países que le sirvan de escudo y protección dentro de los organismos internacionales. Se conspira para traicionar a Honduras.