Ayer cerró la vista del juicio seguido contra el subcontratista de la empresa Development Alternatives quedando pendiente para emitir sentencia.
La prensa internacional no fue autorizada asistir a la sala donde se celebró la última vista del juicio. De acuerdo a la información que Juventud Rebelde brinda de lo sucedido durante de la vista es evidente que solo se autorizó en el recinto a representantes del periodismo oficial.
De acuerdo con la nota oficial “la Fiscalía aportó elementos de prueba sobre la participación directa del acusado en la introducción y desarrollo en el país de un proyecto subversivo para intentar derrocar la Revolución, que tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios, culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales”. Algo tenebroso es lo que se desprende de la redacción del informe “periodístico”; pero del que también se puede suponer que Alan Gross será declarado culpable.
La nota no hace referencia a los argumentos que expusiera la defensa a favor del acusado. Solo se concreta en los supuestos elementos de prueba de la parte acusadora sin definir en qué consistía “el proyecto subversivo” encaminado a derrocar la revolución (entiéndase “gobierno totalitario de los Castro) y dirigido a “blancos esenciales” de la sociedad.
Continúa la nota oficial hablando de “propósitos anticubanos” y de la creación de “redes clandestinas de infocomunicaciones o fuera del control de las autoridades cubanas”. Dicho de este modo se da a entender todo un plan de actividades subversivas para ser ejecutado por misteriosas células conspirativas a favor de un gobierno extranjero; pero lo que realmente importa es que los supuestos medios clandestinos de comunicación que había suministrado el acusado, laptops, celulares y medios de enlaces directos a la internet estarían fuera del control de las autoridades cubanas. Eso no lo puede admitir el castrismo. El régimen tiene que conocer qué piensa la gente, con quién se comunica, qué dice durante una conversación telefónica. El gobierno es quien dice si una persona puede tener acceso o no al internet, dependiendo de su “confiabilidad política”. Nadie está autorizado a conectarse en la red para emitir sus opiniones a no ser que estas coincidas con las que sostiene el régimen y el criminal Partido Comunista.
Las “sofisticadas tecnologías” que se dice, distribuía Gross a “troche y moche” pretendían “alimentar provocaciones contrarrevolucionarias”. Ya luce gastado ese lenguaje, esa eterna dicotomía de “revolución-contrarrevolución” cuando ya los términos se han convertido en sus propias negaciones. La revolución negada a sí misma es la verdadera contrarrevolución y la antigua contrarrevolución es ahora la nueva revolución que se asoma en el horizonte buscando cambios profundos en la vida política, social y económica de la nación.
Divulgar los actos de acoso por la red, enviar a los medios internacionales imágenes de los actos de repudio en contra de los opositores captadas por celulares son las “provocaciones contrarrevolucionarias” a las que se refiere el estado policiaco que rige en la isla. El gobierno reclama para sí el derecho a ser intocable por la crítica. Nadie está autorizado a denunciar las violaciones de los derechos civiles y humanos que el régimen comete a diario con el empleo de la represión y la jauría de matones agrupados en los fascistas grupos de “respuesta rápida”. Es mucho el temor que en las altas esferas de la elite gubernamental se siente con el ejemplo de Túnez y Egipto. Es pánico lo que estremece a la nomenclatura cuando sigue paso a paso lo que se está viviendo en Libia.
El juicio es una mascarada. Su propósito es darle una advertencia a la ciudadanía y transmitir la idea de que el gobierno es poderoso y firme frente a los Estados Unidos, sin descartar que sea un medio de represalia contra un ciudadano americano por la condena de los cinco miserables de la red avispa que purgan sus culpas en prisiones de los Estados Unidos.
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